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Editorial

Valledupar sangra: 34 muertos y una secretaría que no alcanza

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Redacción general
Thursday, April 9, 2026 2:56 PM
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Valledupar acumula, en apenas los primeros 99 días de 2026, 34 muertes violentas documentadas. No es una estadística abstracta: son 34 nombres, 34 familias rotas, 34 evidencias de que la ciudad ha cedido franjas enteras de su geografía urbana al dominio de estructuras criminales que operan con total descaro. El asesinato de Deivi Estrada Daza, conocido como 'El Mono Estrada', ocurrido a plena luz del día frente al colegio Prudencia Daza en el barrio La Granja, ilustra con brutalidad ese descaro: los delincuentes ya no temen actuar en zonas concurridas. Y el día anterior, sicarios ejecutaron a Luis Eduardo Mojica Herazo de un tiro en el rostro en la avenida Las Palmas, mientras dos sujetos en moto lo interceptaron sin mediar palabra y huyeron sin consecuencia alguna. Dos días consecutivos, dos homicidios, un mismo patrón: la moto, la impunidad, la indiferencia institucional.

El registro levantado por periodistas de Radio Guatapurí revela que el sicariato es, con abrumadora diferencia, la modalidad dominante de violencia letal en la ciudad. De las 34 muertes registradas entre enero y abril, más de veinte corresponden a ejecuciones con arma de fuego perpetradas por hombres en motocicleta. Los barrios La Nevada, 450 Años, La Victoria, Villa Jadith y los corregimientos periféricos aparecen como escenarios recurrentes. Pero no es solo un fenómeno de periferia: Estrada Daza murió en un intento de atraco callejero cuando descendía de un vehículo y dos sujetos en motocicleta intentaron despojarlo de sus prendas de oro. Circunstacias muy similares a las del homicidio del prestamista Aldair Andrés Mendoza Ortiz, asesinado tras oponer resistencia a un atracco cuando la víctima bajaba de su vehículo y se disponía a entrar a su residencia en la calle 57 del barrio Don Carmelo.

El robo a mano armada, que con frecuencia termina en homicidio cuando la víctima opone resistencia, se ha instalado como amenaza cotidiana en la ciudad, sin distinción de barrio ni hora del día.

La pregunta que la ciudadanía tiene derecho a formular es directa e incómoda: ¿para qué sirve la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Valledupar? La administración municipal celebró a finales de 2025 que, gracias a la creación de esa dependencia, entre enero y octubre del año pasado los homicidios bajaron de 99 a 92, una reducción del 7%. Ese logro, si bien es real, resulta hoy insuficiente como argumento de gestión. Una tasa que cierra 2025 en torno a los 110 homicidios anuales, y que en los tres primeros meses de 2026 ya proyecta superar esa cifra, no es el indicador de una ciudad que avanza hacia la seguridad; es el indicador de una ciudad que sangra a ritmo constante mientras sus instituciones celebran reducciones marginales.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia fue presentada como una herramienta de coordinación estratégica entre la administración local, la Policía Nacional y las demás entidades del orden público. Sus programas —'Comuna Segura', 'Comercio Seguro', 'Tu Palabra Cuenta'— tienen una lógica preventiva que nadie discute en abstracto. Lo que sí debe discutirse es su eficacia concreta frente a una criminalidad que ha mutado: bandas organizadas que disputan el microtráfico barrio por barrio, sicarios que se movilizan en motocicleta con total libertad, y una cultura del atraco que se ha normalizado hasta el punto de que comerciantes y transeúntes ajustan sus rutinas en función del miedo. Ningún programa de convivencia, por bien diseñado que esté, reemplaza el control territorial efectivo del Estado en las zonas donde la ley del más armado es la única que rige.

Valledupar merece más que declaraciones y más que estadísticas consoladoras. Merece que sus autoridades —la administración municipal, la Policía Metropolitana, la Fiscalía— rindan cuentas con la misma contundencia con que los criminales actúan. Cada homicidio sin esclarecer es un mensaje de impunidad que los victimarios leen con claridad. La Secretaría de Seguridad tiene el mandato y los recursos para liderar una respuesta articulada; hasta ahora, los resultados de 2026 indican que esa articulación no ha sido suficiente. La ciudad demanda que reine el imperio de la ley y no el de los delincuentes.

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