Tribunal negó pérdida de investidura en contra de Manuel Rangel, actual secretario de Cultura del Cesar

Valledupar.

El Tribunal Administrativo del Cesar negó la pérdida de investidura del exconcejal de Aguachica Manuel Andrés Rangel Quintero (periodo 2020-2023), actual secretario de Cultura del departamento del Cesar. En sentencia del 2 de marzo de 2026, con ponencia de la magistrada María Luz Álvarez Araújo (radicado 20-001-23-33-000-2026-00040-00), el tribunal rechazó las pretensiones de la demanda presentada por Yeny Esmeralda Camargo Villamizar. VER SENTENCIA COMPLETA AQUÍ.

La acusación alegaba que Rangel incurrió en conflicto de intereses al no declararse impedido durante la citación (proposición No. 9 del 16 de febrero de 2021) y el debate del informe de gestión anual de la entonces personera municipal Johana Caviedes Pabón (25 de febrero de 2021). El argumento central era una deuda de 30 millones de pesos que Rangel tenía con Dagoberto Rojas Caviedes, cónyuge de la funcionaria, documentada en una letra de cambio de diciembre de 2020 (cobro posterior en proceso ejecutivo).

El tribunal concluyó que no se configuró un conflicto de intereses, ni objetivo ni subjetivo. No existió un interés particular, directo y concreto del exconcejal en la regulación, gestión o decisión sobre el asunto, ya que la citación y rendición del informe eran obligaciones legales y constitucionales impuestas al Concejo Municipal, sin poder decisorio real ni beneficio personal derivado. Además, no se demostró nexo causal entre la deuda (relación comercial independiente) y el ejercicio del control político, ni dolo o culpa grave; el demandado actuó en cumplimiento de un deber funcional, priorizando el interés general.

Esta decisión revierte el antecedente de febrero de 2026, cuando el mismo tribunal admitió la demanda por cumplir requisitos formales, lo que generó expectativa sobre un posible impacto en la trayectoria política de Rangel. El fallo protege su investidura pasada y fortalece su posición actual en el gobierno departamental.

El Ministerio Público, en audiencia del 26 de febrero de 2026, ya había solicitado negar las pretensiones por falta de acreditación del interés directo. La sentencia es de primera instancia y podría ser apelada.