“Se retiraron los profesionales implicados y se activaron las rutas de atención”: Secretaría de Salud ante presunto caso de maltrato a niños con autismo

Valledupar.

La Secretaría de Salud de Valledupar entregó detalles sobre el avance del caso denunciado por madres de familia, quienes alertaron sobre un presunto maltrato físico y verbal a niños con autismo en una IPS de la ciudad. La situación fue atendida mediante la activación de rutas institucionales y actualmente es investigada por la Fiscalía General de la Nación. (Ver "Persiste preocupación por falta de respuestas y resultados ante denuncias por presuntos maltratos a niños con autismo")

Camilo Andrés Ojeda Pineda, funcionario del área de discapacidad de dicha entidad, explicó que desde el momento en que se conocieron las denuncias se dio prioridad al caso. “Desde que se hizo el llamado por parte de los familiares, la doctora Jaide Medina Calderón nos designó la tarea de priorizar este caso tan alarmante y preocupante con estos niños con discapacidad… Activamos la ruta de atención con el ICBF, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Salud, y realizamos visitas de inspección, control y vigilancia para verificar lo que estaba ocurriendo”, indicó. (Ver "La investigación por presunto maltrato a un niño autista en Valledupar sigue sin conclusiones")

Durante el proceso, se conocieron testimonios de acudientes que manifestaron inconformidades frente a la atención brindada por algunos profesionales. “Una de las mamitas nos manifestó que tenían inconformidad con dos profesionales que presuntamente estaban haciendo funciones inadecuadas con los niños. Posterior a eso hicimos la visita de inspección, control y vigilancia a la IPS, donde expusimos la situación y también escuchamos la versión del profesional implicado”, agregó. (Ver "Madres denuncian presunto maltrato a niños con autismo en centro terapéutico de Valledupar")

Como parte de los compromisos adquiridos tras las verificaciones, el funcionario de la entidad municipal indicó que se tomaron medidas inmediatas dentro del centro asistencial. “Otra vez se presentó un presunto maltrato de un niño con discapacidad. Nos pusimos en contacto con la Defensoría del Pueblo y evacuamos de manera inmediata el centro de rehabilitación. Uno de los compromisos fue retirar del cargo a esos profesionales. Cemedic cumplió con eso y se buscó que hubiera más transparencia en el momento de las terapias. También se reubicaron tres niños en otra IPS para que reciban una atención más personalizada”, afirmó el funcionario.

No obstante, Ojeda indicó que también se han presentado situaciones relacionadas con la continuidad de los tratamientos. “La IPS manifiesta que en algunos casos los acudientes no están asistiendo a las terapias o se ausentan sin justificación, como lo es la señora Fanny que a veces quiere que se hagan las terapias como ella considera y no como el profesional evalúa al paciente”, explicó.

Ojeda Pineda fue enfático en aclarar el alcance de la Secretaría frente al caso. “Nosotros no podemos sellar una IPS ni señalar a un profesional sin material probatorio. Este caso ya está en manos de la Fiscalía, que adelanta la investigación correspondiente y solicitó evidencias como grabaciones”, sostuvo.

Reiteró que el enfoque principal es la protección de los menores. “Aquí no estamos diciendo quién tiene la razón. Lo que nos preocupa es el niño y que no se le sigan vulnerando sus derechos. Hemos hecho seguimiento constante, tenemos actas, compromisos y estamos en monitoreo permanente de la IPS”, concluyó, indicando además que se les entregó el certificado de discapacidad a los niños que no tenían y a dos mamitas se les incluyó como cuidadoras para futuros beneficios del gobierno.

Lo que permitió activar las alarmas

Un incendio ocurrido en al IPS Cemedic, ubicada en el barrio San Martín de Valledupar, el cual afortunadamente no generó pérdidas humanas, sería hecho que permitió revelar lo que sucedía al interior de la entidad.

“Aquí se evidenció que algunos padres de familia no se encontraban al momento que los profesionales estaban haciendo la evacuación de los niños. Sin embargo, nosotros llegamos por esa denuncia y por otras como la que los padres de familia y los cuidadores estaban manifestando de un presunto maltrato verbal y físico donde inmediatamente activamos la ruta de atención con el ICBF, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría Local de Salud. Inmediatamente nos pusimos de acuerdo para dar a conocer lo que estaba pasando”, aseguró Ojeda.

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