Valledupar.
Una grave denuncia realizó Fanny Esther Nova Benavides, madre de un niño con autismo, quien asegura que varios menores estarían siendo víctimas de presunto maltrato físico y verbal en un centro terapéutico al que fueron remitidos por la EPS Cajacopi.
Según relató en La Tribuna del Cesar, el pasado 2 de junio de 2025 la EPS cambió el prestador del servicio y los remitió Cemedic IPS. Desde entonces, afirma, comenzaron las irregularidades.
“No nos quieren hacer el cambio de operador, los niños ya no quieren ir a terapias y en ese prestador se han venido presentando muchas cosas”, dijo con mucha preocupación Nova Benavides, quien sostiene que su hijo presentó moretones en los brazos, lo que atribuye a presuntas prácticas de restricción física no autorizadas.
“Yo firmé un documento donde dejaba claro que bajo ninguna circunstancia mi hijo podía ser restringido. Ellos dicen que lo estaban reprimiendo”, señaló. Agregó que los niños, en su mayoría no verbales, han mostrado retrocesos en su comportamiento, episodios de autoagresión y síntomas como diarrea tras asistir a las terapias.
De acuerdo con la denunciante, al menos 12 madres de niños con diagnóstico de autismo, que han visto en ellos retroceso, han manifestado inconformidad. Aseguran que las condiciones del lugar no serían las adecuadas, así como tampoco el personal no estaría debidamente capacitado en terapia ABA, la cual es basado en la evidencia científica que utiliza principios conductuales para aumentar comportamientos positivos, mejorar habilidades sociales, de comunicación y aprendizaje en personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) u otras discapacidades del desarrollo.
Entre las situaciones más delicadas mencionó un incidente eléctrico ocurrido recientemente dentro del centro, donde, según su testimonio, se presentó humo y fallas en el sistema eléctrico mientras los niños estaban en el lugar. “Eso no era un centro, era una casa adaptada y no tiene la capacidad para soportar tantos equipos como aires acondicionados y, aun así, le construyeron una segunda planta”, afirmó.
Las madres aseguran que han acudido a la Secretaría de Salud municipal, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Fiscalía. Sin embargo, indican que no han recibido respuestas de fondo. Señalan que la única entidad que les ha brindado acompañamiento es la Defensoría del Pueblo.
“Lo que necesitamos no son recomendaciones, sino una investigación seria. Aquí ya hay denuncias por agresión física y verbal a menores”, manifestó Nova Benavides, quien insiste en que la EPS les ha negado el cambio de prestador pese a las quejas formales.
Se espera que la Secretaría de Salud de Valledupar entregue un pronunciamiento oficial frente a estas denuncias y que se adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de los derechos de los niños.