Alcaldía denuncia presunto fraude en el pago de impuestos de Valledupar

En Valledupar nadie forzó una caja fuerte ni asaltó un banco. El presunto botín, que ya suma más de dos mil millones de pesos solo en uno de los frentes detectados, se habría fugado por la puerta más aburrida de cualquier administración pública: el módulo de pago de impuestos.

Sin pasamontañas, sin armas, sin sirenas. Solo un formulario, un cheque que nunca tuvo respaldo, una tarjeta de crédito robada al otro lado del mundo y, según sospecha ahora el propio alcalde, un clic autorizado desde adentro. Tres expedientes, tres modalidades, un mismo escenario: la Tesorería Municipal. Y todavía, mientras usted lee esto, nadie sabe con certeza quién jaló los hilos.

Pista número uno: tarjetas robadas y la oferta que nadie debería aceptar
La primera señal de alarma no vino de la Alcaldía, sino de un vigilante externo de la industria financiera. En mayo de 2025, la Asociación para la Investigación, Información y Control de los Sistemas de Tarjetas de Crédito y Débito, Incocrédito, radicó ante la Fiscalía una denuncia que dibujaba un patrón inquietante en la Costa: comerciantes usados como fachada para lavar transacciones hechas con tarjetas de emisión extranjera, previamente hurtadas o clonadas. De los 17.102 millones de pesos en fraude detectados en Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira, una porción señalaba directamente al recaudo oficial de impuestos, con la Gobernación del Magdalena y el Municipio de Valledupar como las entidades más golpeadas: 823 millones de pesos concentrados en dos cuentas oficiales. VER DENUNCIA DE INCOCREDITO

El mecanismo, según la denuncia de Incocrédito, funcionaba como una promesa demasiado buena para ser cierta. Un intermediario se acercaba al contribuyente moroso y le ofrecía saldar su deuda por menos de lo que debía, siempre que pagara en efectivo, por Nequi, Daviplata o transferencia a un canal que nada tenía que ver con la Alcaldía. El contribuyente aceptaba, pagaba su parte rebajada, y el intermediario completaba la operación en el portal oficial usando tarjetas fraudulentas que ya tenía en su poder. El resultado en pantalla era impecable: la deuda aparecía saldada al ciento por ciento. La realidad, meses después, sería otra: los bancos emisores extranjeros reversarían esas transacciones y el hueco quedaría flotando en las cuentas del Municipio.

Solo en Valledupar, entre febrero de 2024 y abril de 2025, el fraude con tarjetas ascendió a 428,8 millones de pesos, el 83 % ejecutado con 48 tarjetas de emisión extranjera. Era apenas el primer capítulo.

Cheques que nunca fueron cheques
Casi un año después, en abril de 2026, la propia Tesorería destapó un segundo frente, más doméstico pero igual de corrosivo. El tesorero Luis Miguel Cortés Casadiego firmó la Resolución 022 del 14 de abril de 2026, un documento que suena a acta de defunción para más de cien pagos: 2.002.405.231 pesos en Impuesto Predial Unificado, presuntamente cancelados entre 2024 y 2026 mediante cheques girados sin fondos o provenientes de cuentas reportadas como hurtadas. Nombres repetidos, matrículas inmobiliarias, recibos oficiales de pago que, en el papel, certificaban tranquilidad tributaria y que, en la práctica, jamás fueron honrados por los bancos.

La respuesta institucional fue en cascada. El 28 de abril de 2026 la Tesorería radicó la denuncia penal ante la Fiscalía, bajo el número de recuperación 2819246, y ese mismo día trasladó el caso a la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, invocando los delitos de giro de cheque sin provisión de fondos, estafa y falsedad en documento privado. Diez días después, el 8 de mayo, la Tesorería tuvo que repetir —esta vez con tono de ultimátum— una instrucción que ya había dado en febrero: bancos como Bancolombia, Davivienda, BBVA, Occidente, Bogotá, Popular y AV Villas debían dejar de aceptar cheques para el pago de tributos municipales. Que la advertencia tuviera que reiterarse tres meses después sugiere que, pese a las alarmas, el mecanismo seguía activo.

El desenlace de este segundo capítulo llegó el 1 de julio de 2026, con un oficio de embargo que golpeó a más de cien contribuyentes en trece entidades bancarias, desde deudas de dos millones de pesos hasta una de 417 millones a nombre de una firma de construcción. La Alcaldía no solo anuló los pagos fantasma: fue a buscar el dinero directamente a las cuentas de quienes, según sus registros, se habían beneficiado de ellos. Las conversaciones con la Fiscalía continuaron: el 29 de julio hubo una reunión formal, seguida de un oficio con el consolidado de casos y las comunicaciones cruzadas con los bancos.

La tercera pista: cuando el fraude parece nacer adentro
Y entonces, apenas unos días después de haber cerrado este informe, llegó el giro que convierte el caso en algo más grande que un problema de cheques rebotados. El 2 de septiembre de 2026 el alcalde de Valledupar radicó personalmente ante la Fiscalía una denuncia penal contra persona indeterminada por hechos que apuntan al corazón mismo del sistema: presuntos ajustes manuales de crédito dentro del Sistema de Información Tributaria Municipal, usados para modificar el valor de obligaciones que los contribuyentes debían pagar.

VER DENUNCIA PENAL DEL ALCALDE DE VALLEDUPAR

Esta modalidad es distinta —y más inquietante— que las dos anteriores. No se trata ya de un cheque falso llegando desde afuera ni de una tarjeta clonada procesada por error: se trata de la posibilidad de que alguien, desde dentro del propio sistema tributario, tuviera la capacidad de alterar manualmente una deuda, o de trasladar el crédito de un contribuyente que sí pagó hacia la cuenta de otro que no lo había hecho. Si el patrón de las tarjetas exponía la vulnerabilidad del recaudo frente a redes externas, y el de los cheques exponía la fragilidad de aceptar instrumentos sin verificación, esta tercera pista pregunta algo más incómodo: ¿quién, adentro de la Alcaldía, tenía los permisos para tocar esas cifras?

Que sea el propio alcalde quien denuncie no es un detalle menor: es la administración misma admitiendo, ante la Fiscalía, que su sistema pudo haber sido usado en su contra. Pero la denuncia es, por ahora, exactamente eso: una hipótesis en investigación, sin nombres propios, sin responsables señalados, sin condenas. La Fiscalía, que ya venía trabajando de la mano de la Tesorería en los casos de tarjetas y cheques, hereda ahora un tercer expediente que obliga a mirar no solo hacia afuera —hacia los intermediarios y los defraudadores con tarjetas robadas— sino hacia adentro, hacia los escritorios donde se gestionan los impuestos de todos los vallenatos.

El misterio sigue abierto
Tres modalidades, un solo objetivo: que el dinero destinado al Municipio terminara en otro bolsillo mientras el contribuyente creía, tranquilo, que había cumplido con el fisco. Hoy, con embargos en marcha, resoluciones firmadas y denuncias acumulándose en los despachos de la Fiscalía de Valledupar, todavía no hay una respuesta definitiva a la pregunta que sostiene toda esta historia: ¿actuaron por separado tres grupos de oportunistas, o existe un hilo conductor —humano, interno, con nombre y cédula— que conecta las tarjetas robadas, los cheques sin fondos y los ajustes manuales en el sistema? La Fiscalía tiene ahora los tres expedientes sobre la mesa. La ciudad, expectante, espera el desenlace.

Al estallar el escándalo, varios periodistas y activistas han empezado a lanzar conjeturas. Por ejemplo, hoy Katia Ospino mencionó de soslayo en un tuit a Davianys Vargas Suárez, la actual jefe de recaudo de la alcaldía. Otros mencionan que dos concejales estarían involucrados en este lío, y algunos aseguran que uno de ellos sería el concejal Fabio Mendoza. Pero, cabe insistir, por el momento son conjeturas sin ningún soporte probatorio, cuya tarea corresponde a la Fiscalía determinar quiénes están detrás de estas presuntas maniobras para hacer esta doble estafa: a los contribuyentes tacaños que quieren pagar tramposamente menos impuestos y al municipio que deja de recibir el importe real del tributo debido.

Mientras esa respuesta llega, hay una defensa que no depende de ninguna investigación: pagar los impuestos únicamente a través de los canales oficiales autorizados por la Alcaldía de Valledupar, verificando siempre que el recibo provenga del portal tributario municipal y de las entidades bancarias reconocidas. Ningún intermediario, por más atractiva que suene su oferta de "pagar menos", tiene autoridad para saldar una deuda con el Municipio. Cada peso que se desvía por un atajo es, esta investigación lo demuestra, un peso que tarde o temprano alguien tendrá que devolver.