Valledupar, en la mira del cambio: Así impacta en la capital del Cesar el polémico decreto que fija en pesos el precio final de las viviendas VIS

Bogotá.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio publicó un borrador de decreto que busca revolucionar la comercialización de Viviendas de Interés Social (VIS) en Colombia, fijando sus precios en pesos colombianos en lugar de salarios mínimos. Esta medida responde al reciente aumento del 23% en el salario mínimo para 2026, que elevó los topes de VIS y generó incertidumbre para miles de compradores.

Cambios en precios y contratos

El decreto establece que separaciones, promesas de compraventa y encargos fiduciarios deben expresar el precio total en pesos de forma clara y verificable, constituyendo ese monto el único exigible hasta la finalización del contrato. Prohíbe mecanismos automáticos de indexación al salario mínimo posterior a la firma inicial, permitiendo ajustes solo por motivos extraordinarios respaldados por el Índice de Costos de la Construcción (ICCE) del Dane. Ratifica el tope general de VIS en 135 SMLMV, equivalente a unos $236,4 millones con el salario mínimo de $1.750.905 vigente desde enero de 2026.

Impacto en Valledupar

En Valledupar, los compradores ganarían previsibilidad: un apartamento sobre planos apartado hoy mantendría su precio pactado en pesos, sin alzas anuales por salario mínimo. Constructoras, sin embargo, podrían fijar valores iniciales más altos, cercanos al tope, para cubrir riesgos de costos en mano de obra, insumos y tasas de interés durante obras que duran años.

Críticas del sector

El exministro José Manuel Restrepo califica la iniciativa de populista, argumentando que traslada todo el riesgo a constructoras, desincentivando nuevos proyectos VIS y elevando precios de entrada para familias. Líderes gremiales como el presidente de Camacol cuestionan su viabilidad legal por contradecir la ley y el Plan Nacional de Desarrollo, advirtiendo pérdidas en el valor de activos inmobiliarios. El Gobierno defiende la desindexación como corrección a una "aberración económica", priorizando estabilidad para adquirientes sobre ajustes laborales.