El modus operandi del abogado de La Jagua no es único: veedurías ciudadanas de Valledupar, Codazzi, Becerril y Cartagena, en la mira de la Fiscalía por la misma modalidad de extorsión

Valledupar.

La captura en flagrancia en Valledupar del abogado Juan David López y sus dos cómplices Federman Arley López y José Carlos Toncel García, cuando recibían una millonaria suma, producto de la extorsión, al alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, destapó una olla que va mucho más allá de un caso aislado. (Ver también "Capturan a abogado cuando extorsionaba al alcalde de La Jagua de Ibirico)

La unidad investigativa de Radio Guatapurí estableció que la Fiscalía General de la Nación tiene identificada una red de presuntos extorsionistas que operan bajo el disfraz de veedores ciudadanos en varios municipios del Cesar y la Costa Caribe, utilizando exactamente la misma modalidad: interponer denuncias penales contra alcaldes por presuntas irregularidades contractuales, mediatizarlas a través de redes sociales y medios regionales, y luego enviar el mensaje al mandatario de turno para negociar el desistimiento de dichas denuncias a cambio de dinero.

Según fuentes de la Fiscalía consultadas por Radio Guatapurí bajo reserva de identidad, los investigadores están sobre la pista de, al menos, un veedor ciudadano activo en Codazzi, otro en Valledupar y un exconcejal de la capital del Cesar, quienes presuntamente han venido operando bajo este esquema en contra de varios alcaldes de la región. La misma modalidad habría sido detectada en Becerril y Codazzi —municipios cuyos alcaldes ya aparecen como víctimas adicionales del caso López— y en Cartagena, donde una veeduría estaría siendo investigada por presuntamente replicar el mismo patrón de extorsión institucionalizada.

Lo que hace especialmente peligrosa esta modalidad delictiva, según explicó la fuente fiscal, es su sofisticación jurídica: los presuntos extorsionistas no amenazan con pistolas sino con tutelas, derechos de petición y denuncias penales. Instrumentalizan la Fiscalía, la Procuraduría y los medios de comunicación como herramientas de presión, causando daño reputacional a los mandatarios mientras les envían por canales paralelos el mensaje de cuánto cuesta el silencio. Es, en esencia, una extorsión de cuello blanco que se camufla detrás del noble manto de la veeduría ciudadana y el control político.

La captura del abogado López en el parqueadero del centro comercial Mayales Plaza en Valledupar —con tres implicados, un bolso listo para recibir el efectivo y el alcalde de La Jagua colaborando activamente con las autoridades— podría ser apenas la punta del iceberg. La Fiscalía investiga si estos casos están articulados entre sí o si se trata de individuos que, de manera independiente, encontraron en la denuncia ciudadana un lucrativo negocio criminal. Las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra los tres detenidos arrancarán este sábado en la URI de Valledupar, y lo que allí se revele podría marcar el inicio de una cadena de capturas que sacuda la región.