El Dane publica esta semana la cifra de desempleo de febrero de 2026. La cifra nacional ubica la tasa de desempleo en 9,2%, un 1,1 puntos porcentuales % inferior a la del mismo mes del año anterior (10,3%), lo que confirma la tendencia a la baja de la desocupación.
En el caso particular de Valledupar, la tasa de desempleo se ubica en 9.6% en febrero, ligeramente por encima con respecto a la media nacional, pero con una reducción de 2.6 puntos porcentuales respecto al año anterior cuando la ciudad tenía una tasa de 12.2%.
Lógicamente, siempre será una buena noticia la reducción del desempleo tanto a nivel nacional como a nivel local. Y no está mal tampoco que las autoridades locales exalten la buena cifra, como lo ha hecho en varias ocasiones el alcalde Ernesto Orozco y también en esta oportunidad.
Sin embargo, la reducción del desempleo en la ciudad no puede cegar a la comunidad en general, ni a la administración municipal en particular, sobre un fenómeno conexo: la informalidad laboral, entendiendo por tal el trabajo no formal, no cubierto por la seguridad laboral ni por un contrato de trabajo, caracterizado por la inestabilidad, los bajos ingresos y la alta vulnerabilidad. En pocas palabras, el denominado “rebusque” que incluye actividades de mera subsistencia como los vendedores ambulantes y mototaxis, entre otros.
En este sentido, no puede desconocerse que la informalidad laboral -fenómeno extendido especialmente en el Caribe colombiano- encuentra en Valledupar uno de sus máximos exponentes. De acuerdo con nuestro analista económico, José Antonio Larrazábal, desde hace casi dos años consecutivos en todas las mediciones de informalidad que hace el DANE, Valledupar aparece como la segunda ciudad de mayor informalidad laboral en Colombia, siempre por encima del 60%. En esta última medición de febrero, Valledupar es segunda con 63.4%, superada únicamente por Sincelejo (con 68.3%).
Así las cosas, la lectura correcta del mercado laboral en la ciudad plantea una hipótesis razonable: buena parte de la reducción del desempleo en Valledupar puede explicarse por el aumento de la informalidad. Dicho de otra manera: el desempleo baja sí, pero porque aumenta el empleo informal, que no paga salarios mínimos, que no cuenta con protección del sistema de seguridad social y que, en su mayoría, genera ingresos para sobrevivir.
Por ello, las autoridades locales no pueden darse el lujo de ser miopes ante este fenómeno. Celebrar la caída del desempleo sin interpelar la informalidad es como aplaudir que un paciente ya no tiene fiebre, ignorando que la infección de fondo sigue activa. Valledupar lleva más de dos años consecutivos ocupando el segundo lugar de mayor informalidad laboral en Colombia, con tasas que superan el 60%, y esa fotografía no cambia: se repite mes a mes con una persistencia que ya no admite lecturas optimistas ni declaraciones triunfalistas. El propio analista Larrazábal lo advierte con claridad: no hay soluciones visibles en el corto, mediano ni largo plazo, y esa ausencia de hoja de ruta es, en sí misma, una falla de gestión pública. Una administración municipal que no ponga la informalidad en el centro de su agenda económica no está gobernando el mercado laboral real de Valledupar; está gobernando sus estadísticas favorables.
Las recomendaciones no son un misterio, aunque su ejecución exija voluntad política sostenida. La ciudad necesita, en primer lugar, un diagnóstico serio y territorializado de la informalidad: saber quiénes son, dónde están y qué hacen los más de 124.000 trabajadores informales que hoy sostienen su economía de subsistencia. En segundo lugar, la administración municipal debe articularse con el Gobierno nacional para diseñar rutas de formalización progresiva que no asfixien al pequeño emprendedor con cargas tributarias y de seguridad social imposibles de asumir de golpe. En tercer lugar, sectores como el comercio —que en esta última medición perdió más de 6.000 puestos en la ciudad— requieren políticas de reactivación específicas, porque es precisamente en ese sector donde la informalidad se enquista con mayor fuerza. Finalmente, la educación técnica y vocacional debe alinearse con las apuestas productivas reales de la región, para que el empleo que se genere no sea solo cantidad, sino calidad.
Porque al final, una ciudad que solo sabe contar los que trabajan, pero no se pregunta cómo trabajan ni en qué condiciones lo hacen, está condenada a seguir celebrando cifras mientras sus ciudadanos sobreviven: bajar el desempleo sin atacar la informalidad no es una solución; es aplazar la pobreza con otro nombre.