El espejo de la Universidad Nacional que debe mirar la UPC frente a la sede de la Jagua

Durante el gobierno de Cristian Moreno Panezo se inició la gestión del proyecto de construir una sede en la región de la Universidad Nacional. En dicha administración se adquirió el predio sobre el cual se construiría el claustro. Posteriormente en la administración de Luis Alberto Monsalvo se inició la construcción de la sede, la cual se terminó en el gobierno de Franco Ovalle. La construcción del centro universitario superó, de lejos, los 200.000 millones de pesos, cuya financiación en su mayoría se hizo con recursos de regalías, pese a que la Nacional es un ente del orden nacional.

A pesar de esta cuantiosa inversión, la sede de La Paz de la Nacional sólo tiene 1.200 estudiantes, una cifra muy inferior para el esfuerzo realizado en el territorio.

Se trae a colación esta apretada síntesis de la historia de la Nacional porque consideramos es un buen espejo que la Universidad Popular del Cesar debe mirar precisamente hoy que se apresta a aprobar la sede de La Jagua de Ibirico.

En entrevista con Radio Guatapurí, el rector Rober Romero defendió con firmeza la creación de la sede, argumentando que todas las dudas técnicas, jurídicas y financieras han sido despejadas gracias a la recomposición del Consejo Superior Universitario y al respaldo explícito del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín. Destacó que el proyecto cuenta con 14.000 millones de pesos ya en ejecución para la primera fase (a través de un convenio con la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco sobre un lote de cuatro hectáreas propiedad de la UPC) y otros 40.000 millones de pesos adicionales asegurados en documento CONPES para vigencias futuras, lo que permitirá construir por fases un campus completo que, a largo plazo, recibirá más de 5.000 estudiantes.

Enfatizó Romero que se trata del proyecto de inversión social más importante del centro del Cesar, porque -según su decir- la educación superior es la mejor respuesta al futuro de los jóvenes, y que esta sede será la primera universidad del país orientada hacia la transición energética, convirtiéndose en un eje clave del “Corredor de la Vida”. Además, garantizó su sostenibilidad operativa (a partir de 2027) con recursos nacionales de gratuidad (98% de los estudiantes no pagan matrícula), programas de cobertura territorial y la autonomía como universidad nacional, sin que represente costo alguno para el departamento.

Por su parte, Carlos Morón Cuello, ex consejero de la UPC, cuestionó fuertemente la creación de la sede al afirmar que el proyecto nunca ha sido debatido en el Consejo Superior y que los conceptos técnicos y jurídicos presentados son “absurdos”, consistiendo en una copia y pega del Centro de Conciliación Franklin Martínez, documentos que ni siquiera el viceministro de Educación conocía. Exigió que se presenten estudios serios de pertinencia de programas, viabilidad financiera y seguridad jurídica y académica. Consideró “carreta” la proyección de 5.000 estudiantes (cuando Aguachica, después de 15 años, no supera los 2.500), criticó la saturación de programas tradicionales y exigió que se ofrezcan carreras pertinentes a la diversificación económica del corredor minero. Finalmente, alertó sobre el alto riesgo financiero: la UPC es la universidad pública que menos recursos recibe por estudiante, no hay un solo peso presupuestado para el año entrante y, con tres universidades nacionales en un radio de 15-20 minutos (La Jagua, Becerril y Curumaní), se genera una oferta excesiva sin garantía de sostenibilidad.

Por ello, es necesario que el Consejo Superior Universitario, al momento de tomar la decisión sobre la creación de la sede de La Jagua de Ibirico, tenga en cuenta con seriedad las objeciones planteadas respecto a su viabilidad financiera, su sostenibilidad operativa a largo plazo y la pertinencia real de los programas académicos. Mirando el espejo de la sede de La Paz de la Universidad Nacional —donde una inversión superior a los 200.000 millones de pesos solo ha logrado atender a 1.200 estudiantes—, la UPC tiene la obligación de garantizar estudios técnicos sólidos, seguridad jurídica plena y fuentes de financiamiento claras y sostenibles en el tiempo, para que este proyecto no quede como una gran estructura sin suficiente demanda ni respaldo presupuestal futuro. No se trata de oponerse a la ampliación de cobertura educativa en el centro del Cesar, sino de advertir con responsabilidad que solo con bases firmes y realistas esta nueva sede podrá cumplir su propósito de convertirse en un verdadero motor de desarrollo y transición energética para la región.