Dos caras de una misma moneda: la UPC se divide entre defensores del nuevo rector y críticos de la elección express

Valledupar.

La reciente elección de Guillermo Andrés Echavarría como rector de la Universidad Popular del Cesar continúa generando reacciones divididas dentro de la comunidad universitaria. Mientras algunos sectores del movimiento estudiantil cuestionan el proceso en el que se tomó la decisión, otros defienden la legalidad de la designación realizada por el Consejo Superior Universitario (CSU).

En diálogo con Radio Guatapurí, Robert Pérez, integrante del movimiento estudiantil expresó que una de las principales inconformidades radica en la rapidez con la que se desarrolló la sesión del CSU en la que se escogió al rector.

Según explicó, la reunión habría durado alrededor de ocho minutos para revisar las hojas de vida de cinco candidatos, lo que a su juicio, genera dudas sobre la deliberación del proceso.

“Nosotros aceptamos que el candidato que obtuvo mayor respaldo fue Guillermo Echeverría, pero lo que rechazamos es la forma en que se desarrolla el proceso de elección del rector y el sistema estructural que permite que el Consejo Superior tenga la última palabra”, manifestó.

Pérez también cuestionó la participación de la delegada del Gobierno Nacional en el CSU, Juliana Guerrero, señalando que el movimiento estudiantil considera que no los representa y que existen investigaciones en curso relacionadas con presuntas irregularidades académicas.

El líder estudiantil indicó que distintos colectivos se han venido reuniendo desde comienzos de semana para analizar posibles acciones y discutir propuestas que permitan modificar el sistema de elección del rector, de manera que la decisión final recaiga directamente en el voto del estudiantado.

Sin embargo, otros estudiantes defienden el proceso y aseguran que la designación se realizó dentro del marco legal establecido por la normativa universitaria.

Joiner Benavides y Gabriel Acuña, integrantes de la comunidad universitaria, señalaron que gran parte de las críticas se deben a desinformación sobre las reglas que rigen la elección del rector.

Explicaron que desde diciembre de 2025 se expidió el Acuerdo 019 del 16 de diciembre, mediante el cual se estableció que el quórum deliberatorio del Consejo Superior Universitario se reduce de seis a cinco miembros.

“Habían cinco consejeros y además la presencia de una delegada de la Procuraduría durante la designación del rector, lo que le dio toda la legalidad al proceso. Por eso, una vez se expidió el acto administrativo, el rector quedó en firme”, señaló Benavides.

Frente a las críticas por la participación de Juliana Guerrero en el CSU, Acuña indicó que su delegación administrativa continúa vigente, pese a los procesos judiciales que pueda estar enfrentando, por lo que está facultada para participar y votar dentro del órgano universitario.

Los estudiantes también defendieron la trayectoria del nuevo rector. Señalaron que Guillermo Andrés Echeverría es oriundo de un corregimiento del municipio de Pailitas, Cesar, desde donde llegó a Valledupar tras ser desplazado por el conflicto armado.

De acuerdo con Benavides, Echeverría fue líder estudiantil en 2011 durante las movilizaciones en defensa de la educación superior en el marco de la discusión de la Ley 30 de 1992 y participó en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), movimiento que impulsó reformas en el sistema universitario del país.

También indicaron que cuenta con la experiencia académica requerida para asumir el cargo, señalando que su hoja de vida y los documentos que certifican su trayectoria docente están publicados en la página oficial de la universidad, donde se evidencian al menos diez periodos de docencia académica.

Sobre las protestas registradas recientemente en la sede Hurtado de la universidad, los estudiantes aseguraron que se trató de un intento de toma por parte de algunos grupos inconformes con el resultado de la elección.

No obstante, consideraron que estas acciones no contaron con el respaldo de una asamblea estudiantil que legitimara la movilización, por lo que calificaron la protesta como infundada.