La certificación de Uparsistem que enreda la aspiración de Guillermo Echavarría a la rectoría de la UPC

Valledupar.

A una semana exacta de que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC) elija al nuevo rector, una denuncia anónima que circula entre la comunidad académica ponen en cuestión la idoneidad jurídica de Guillermo Andres Echavarría Gil, el candidato que encabeza la quinteta final, para dirigir dicha alma mater.

La denuncia —enviada al Consejo Superior, a los demás candidatos, a medios de comunicación y a organismos de control— sostiene que Echavarría no cumple el requisito estatutario de experiencia académica en educación superior y que parte de la hoja de vida que presentó se apoya en una certificación expedida por Uparsistem, una entidad que, según documentos oficiales, no tiene naturaleza universitaria.

La norma que define el debate
El punto de partida es el Artículo 2° del Acuerdo 038 del 31 de julio de 2004, el estatuto de calidades y requisitos de la UPC, que establece que para ser rector se requiere, entre otras condiciones, "acreditar experiencia académica en educación superior no menor a cinco (5) años y administrativa no inferior a tres (3) años en cargo de nivel directivo o ejecutivo, o haber ejercido el cargo de rector por lo menos durante un (1) año". Esta exigencia es clara: la experiencia debe ser en educación superior, es decir, en instituciones universitarias.

Adicionalmente, el Acuerdo 016 de 2025 del Consejo Superior reiteró que dicha experiencia debía estar cumplida al momento de la inscripción.

El vaivén del Tribunal de Garantías
Según la primera denuncia, cuando el Tribunal de Garantías Electorales revisó las inscripciones, aplicó ese criterio y rechazó inicialmente la candidatura de Echavarría por no alcanzar el tiempo requerido: al momento de inscribirse, el semestre 2025-2 aún no había concluido, de modo que el candidato solo completaba nueve semestres como docente en la UPC, insuficientes para acreditar los cinco años exigidos.

Sin embargo, al resolverse los recursos de reposición, el mismo Tribunal expidió el Acuerdo 009 del 17 de diciembre de 2025, mediante el cual cambió de criterio y concluyó que Echavarría sí cumplía los requisitos, al reconocerle seis años de experiencia. El documento denuncia que en ese acuerdo "no se explica de dónde salen los seis años que dicen que tiene, no se analiza la certificación presentada, no se revisa qué parte de ese tiempo proviene de una entidad que no es universidad". La denuncia concluye que "esto no es un error, es acomodar el proceso para beneficiar a una persona".

La certificación de Uparsistem: el nudo del problema
Para completar su experiencia académica, Echavarría presentó una certificación de Uparsistem S.A.S., entidad con NIT 901.715.627-5, con sede en Valledupar. El documento, firmado en noviembre de 2025 por Doriana Buelvas Rodríguez en calidad de gerente, certifica que Echavarría "estuvo vinculado a esta institución durante la vigencia académica del año 2020, en los diferentes ciclos de formación, mediante un contrato de prestación de servicios, en el cual se desempeñó como docente, ponente de seminarios y diplomados dentro del Programa de Criminalística e Investigación Judicial".

El problema es que Uparsistem no es una institución de educación superior. La Resolución No. 000176 del 18 de octubre de 2016 de la Secretaría de Educación del Municipio de Valledupar —uno de los documentos que acompañan las denuncias— es explícita: Uparsistem es una "Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano", licenciada bajo la Resolución No. 0285 del 1 de diciembre de 2008. Su objeto no es la formación universitaria sino la capacitación técnica y laboral, en el marco de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 4904 de 2009.

Esto es categóricamente diferente a una universidad. En Colombia, las instituciones de educación superior están reguladas por la Ley 30 de 1992, son reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional y están habilitadas para otorgar títulos profesionales, de especialización, maestría o doctorado. Los centros de "educación para el trabajo y el desarrollo humano" operan bajo un marco normativo distinto: forman para oficios y competencias laborales, pero no expiden títulos universitarios ni pueden equipararse a instituciones de educación superior.

Este punto queda reforzado por una certificación del 19 de febrero de 2026 firmada por Albeiro Luis Durán Solano, Profesional Universitario de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, que afirma de manera textual que "Uparsistem no puede ofrecer y desarrollar directamente o a través de convenios programas de Educación Superior".

La duda sobre la veracidad del documento
Las denuncias van más lejos. No solo cuestionan la validez jurídica de la certificación, sino su veracidad misma. Señalan que para el año 2020 —período certificado por Uparsistem— presuntamente no existirían registros de aportes a seguridad social de Echavarría en esa entidad, lo que podría indicar que el vínculo laboral certificado no existió en los términos descritos. Este punto, que configuraría una presunta irregularidad de mayor gravedad, no ha sido comprobado de forma pública hasta el momento de publicación de esta noticia y deberá ser verificado por las autoridades competentes.

Las consecuencias jurídicas que se advierten
El autor anónimo de la denuncia advierte que si el Consejo Superior elige a un rector conociendo estas circunstancias, podría incurrir en responsabilidades disciplinarias y penales. Mencionan incluso la figura del peculado por acción, al señalar que se estaría entregando un cargo público que administra recursos del Estado a alguien que no cumplía las condiciones legales. También piden que el actual secretario general de la UPC se aparte de las decisiones finales del proceso electoral, por haber integrado el Tribunal de Garantías cuando se cambió el criterio de admisión.

Contexto: el proceso de elección rectoral
La UPC se encuentra en la fase definitiva de elección de rector. Los candidatos que conforman la quinteta final deben ser evaluados por el Consejo Superior, que tiene la palabra final. Las denuncias buscan que ese órgano revise la situación antes de emitir su decisión. Hasta el cierre de esta nota, ni Guillermo Echavarría Gil ni la Universidad Popular del Cesar se habían pronunciado públicamente sobre los cuestionamientos.

Radio Guatapurí intentó obtener la versión de Echavarría y de las directivas de la UPC, antes de la publicación de este informe periodístico, pero no obtuvo respuesta antes del cierre de la edición.