La UPC en llamas: el tribunal que se divide tras anular al rector electo

La Universidad Popular del Cesar vive su peor crisis de gobernabilidad institucional en años recientes. Lo que debía ser un proceso electoral ordenado para elegir rector para el periodo 2026-2030 se ha convertido en una confrontación abierta entre los propios miembros del Tribunal de Garantías Electorales, el organismo encargado de garantizar precisamente la legalidad y transparencia de esa elección. Dos comunicados contradictorios, emitidos el mismo día y con las firmas divididas del tribunal, dejan en evidencia que la UPC no tiene hoy una autoridad electoral unificada capaz de dar certeza jurídica sobre el proceso. Ver comunicado de la mayoría y ver comunicado de la minoría.

El conflicto estalló este jueves 9 de abril, cuando tres de los cinco miembros del Tribunal —Carlos Alberto Contreras (egresados), Samuel Rojas Olivella (estudiantes) y César David Rangel Quintero (sindicatos)— aprobaron por mayoría, con votación de tres a dos, la nulidad del acto de inscripción de Guillermo Andrés Echavarría Gil como candidato a la rectoría. Según el comunicado de esta mayoría, la sesión se realizó con quórum reglamentario a las 2:30 de la tarde y la decisión es "legal, vigente y obligatoria". Sin embargo, horas después, el presidente del tribunal, Jorge Iván Guerra Fuentes, y el secretario general, Ender Campo Ramírez —los dos miembros que votaron en contra—, emitieron su propio comunicado negando que tal decisión existiera, afirmando que el tribunal "carece en absoluto de competencias para tomar decisión en tal sentido" y exigiendo a los medios de comunicación rectificar la noticia.

Lo más grave del escenario no es solo la contradicción entre los dos documentos, sino lo que revela sobre la historia previa del proceso. El mismo tribunal que hoy se fractura había rechazado inicialmente la inscripción de Echavarría Gil mediante el Acuerdo 008 de 2025, al constatar que el aspirante solo acreditaba 49 meses de experiencia en educación superior, cuando el reglamento exige 60. Luego, sin que mediara prueba nueva, ese mismo organismo revocó su propia decisión y habilitó al candidato mediante el Acuerdo 009 de diciembre de 2025. Y ahora, ya elegido rector por el Consejo Superior Universitario, la mayoría del tribunal vuelve a declarar nula su inscripción. Tres decisiones distintas, el mismo expediente, el mismo candidato, el mismo tribunal.

Ese vaivén institucional no puede leerse como un simple debate jurídico interno. Es la señal de un proceso electoral que careció de la solidez y transparencia que una institución pública de educación superior está obligada a garantizar. Que un candidato sea rechazado, habilitado y luego anulado por la misma autoridad electoral, sin que en ningún momento hayan cambiado sustancialmente los elementos de prueba sobre su experiencia, configura una falla grave de los controles institucionales. A ello se suma ahora la negativa del presidente y el secretario a firmar el acta de la sesión del 9 de abril, hecho que la mayoría del tribunal calificó como un obstáculo a la función pública que podría acarrear consecuencias disciplinarias y penales.

La comunidad universitaria y la sociedad cesarense merecen una respuesta clara que hoy ninguno de los dos bandos puede ofrecer por separado. Mientras el Consejo Superior Universitario no se pronuncie sobre la vigencia del nombramiento del rector electo —tal como se lo recomienda la mayoría del tribunal—, la UPC quedará atrapada en una incertidumbre jurídica que mina su credibilidad académica e institucional. Una universidad pública no puede darse el lujo de transmitir el mensaje de que sus propias reglas electorales son maleables, ni de que sus autoridades internas son incapaces de ponerse de acuerdo sobre decisiones fundamentales. El daño, en términos de confianza institucional, ya está hecho.