Juez admite tutela que busca destrabar recusaciones en la UPC por el caso de la sede de La Jagua de Ibirico

Valledupar.

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar admitió una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Juan David López Rojas con el objetivo de reactivar el debate y las decisiones del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar (UPC) sobre la creación de la sede de La Jagua de Ibirico, actualmente bloqueada por múltiples recusaciones contra sus integrantes. (Ver también "La recusación es temeraria y politiquera")

En su tutela, López Rojas —quien actúa en nombre propio y como agente oficioso de los estudiantes y familias de La Jagua y su zona de influencia— argumenta que la parálisis del CSU por recusaciones no publicitadas ni resueltas vulnera los derechos fundamentales a la educación, igualdad, debido proceso, acceso a la información y participación ciudadana.

Según el accionante, las recusaciones “no han sido tramitadas de manera transparente ni motivada”, lo que ha generado una “suspensión secreta del funcionamiento del órgano universitario”. Esto, asegura, pone en riesgo los recursos públicos asignados para la primera fase del proyecto de la nueva sede, que busca ampliar la cobertura de educación superior en el corredor minero del Cesar.

Entre sus pretensiones principales, López Rojas solicita que el CSU y la Rectoría de la UPC:

• Publiquen y entreguen copias de los escritos de recusación y decisiones adoptadas.
• Decidan de fondo los incidentes pendientes.
• Convoquen a sesión extraordinaria en máximo 72 horas para deliberar sobre la sede de La Jagua.
• Garanticen la transparencia y continuidad del proceso académico y presupuestal.

El Juzgado Primero Administrativo, mediante auto del 7 de noviembre de 2025, admitió la acción de tutela y notificó a las entidades accionadas: el Consejo Superior Universitario, la Rectoría y Secretaría General de la UPC, el Ministerio de Educación Nacional y la Procuraduría Regional del Cesar, otorgándoles dos días para responder.

El juez Jaime Alfonso Castro Martínez negó, sin embargo, la medida provisional que buscaba ordenar de inmediato la publicación de las recusaciones y la convocatoria del CSU, al considerar que no se evidenciaba aún un perjuicio irremediable que justificara una actuación urgente. El despacho precisó que el caso debe analizarse en el fondo antes de adoptar medidas de ese tipo.

Esta decisión marca un nuevo capítulo en la controversia que ha mantenido en suspenso la aprobación de la sede de la Universidad Popular del Cesar en La Jagua de Ibirico, proyecto respaldado con recursos del Sistema General de Regalías y considerado clave para el acceso a la educación superior en el centro del departamento.

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Auto admisorio de la acción de tutela