Valledupar.
Un inédito enfrentamiento al interior del Tribunal de Garantías Electorales de la Universidad Popular del Cesar, UPC, ha acaparado la atención de los medios de comunicación y la opinión pública demostrando que la paz institucional de la que ha gozado la alma mater en los últimos 4 años comienza a diluirse en medio de fuertes discusiones.
Dos comunicados contradictorios uno del otro, emitidos por el mismo Tribunal de Garantías Electorales, sacaron a la luz el asunto. Carlos Alberto Contreras, representante de los egresados; Samuel Rojas Olivella, representante de los estudiantes, y César Rangel Quintero, representante de las organizaciones sindicales, llevaron a cabo una sesión el 9 de abril a las 2:30 de la tarde, tomaron una decisión y la comunicaron.
Los tres miembros decidieron declarar la “nulidad del acto administrativo de inscripción del candidato Guillermo Andrés Echavarría Gil, por incumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad vigente”, amparados en el Artículo 5 del Acuerdo 032 de 1994 establece que el Tribunal debe verificar requisitos y puede declarar nulidades dentro del proceso electoral.
Posteriormente, el mismo Tribunal, con las firmas del presidente, Jorge Iván Guerra Fuentes, y el secretario general Ender Campo Ramírez, emitieron el segundo comunicado en el que desautorizaron a los tres compañeros de cuerpo colegiado y además pidieron a los medios de comunicación no sólo abstenerse de informar sobre la declaratoria de nulidad, sino además rectificar.
Radio Guatapurí consultó al presidente del Consejo Superior Universitario, CSU, Xavier Estrada, quien no sólo desautorizó al Tribunal en el sentido de la declaratoria de nulidad, sino que además advirtió que los tres miembros que sesionaron en este sentido podrían estar cometiendo un delito.
“La posición oficial del cuerpo colegiado la emite en su presidente, el doctor Jorge Iván Guerra, quien se ha pronunciado mediante un comunicado y ha advertido las claridades que rodearon la noticia, primero que todo señalando que es falso que se haya tomado por parte de dicha instancia una decisión que verse sobre la nulidad de un acto expedido por ella misma y sobre todo en el marco de un proceso electoral que ya finalizó”, dijo Estrada.
El presidente del CSU considera que, a estas alturas, cuando ya hubo una sesión de designación, es improcedente la decisión de Carlos Alberto Contreras, Samuel Rojas Olivella y César Rangel Quintero, aunque ellos hayan alegado que son mayoría en este asunto.
Estrada calificó por lo menos de extraño el proceder de los tres miembros del Tribunal, pues participaron en el proceso, avalaron la inscripción y candidatura de Echavarría y otros aspirantes. “Lo que pretende el señor César Rangel, el señor Samuel Rojas, el señor Carlos Alberto Contreras que seguramente participaron también incluso del recurso de reposición que le dio vida no solamente a Guillermo Echavarría sino a otros candidatos para quedar habilitados en la contienda estamentaria, dejar sin efectos un acto administrativo que creó derechos a ellos y que en esencia lo que pretenden ahora extrañamente es revocar ese acto”, afirmó.
Finalmente, Estrada dejó claro que los tres profesionales podrían estar rozando la ilegalidad y en el futuro cercano tendrán que responder ante la Fiscalía, la Procuraduría y demás organismos competentes.
“Vamos a ver quién se atreve a firmar ese acto administrativo declarando en esta altura del proceso una decisión, un exabrupto abiertamente inconstitucional, ilegal. Si ellos llegan a hacer eso, estamos ante la comisión de un flagrante prevaricato y por supuesto faltas disciplinarias asociadas por la conducta de estos señores que me temo me tocaría y me anticipo incluso públicamente como servidor público que estoy obligado a correr traslado a las autoridades”, aseguró.
“Sí tenemos competencia”: César Rangel Quintero
César Rangel Quintero, representante de los sindicatos y uno de los miembros del Tribunal que firmó la nulidad de Echavarría conversó con Radio Guatapurí este viernes para exponer, más allá del comunicado que generó la controversia, el punto de vista de los tres profesionales que se atrevieron a dejar sentada su posición de manera pública y formal.
“Nosotros como representantes de la Comisión de Garantías, en los estatutos que están en el tribunal, el punto del artículo quinto dice que nosotros podemos conocer y decidir sobre las consultas, quejas e impugnaciones en desarrollo de los procesos electorales, declarar la nulidad de los mismos en caso de comprobar que existieron y solicitar si lo considera conducente a investigaciones y procesos disciplinarios conforme a los estatutos y reglamentos de la Universidad Popular de Cesar”, expresó.
Rangel Quintero dijo, además, que pueden constatar que, desde el comienzo del proceso, antes de las consultas estamentarias, dejó clara su posición con respecto al perfil de Echavarría, de quien considera que no cumple con los requisitos para ser elegido rector de la UPC.
“Desde un principio, siempre mi postura ha sido que el candidato Echavarría no cumplía con los requisitos. Siempre tuvo esa posición porque lo que somos conocedores, que tenemos años en la educación, sabemos que la certificación emitida por Uparsistem no cumplía con una institución de educación superior para acreditar la experiencia como docente. Eso sí hay que tenerlo claro. Y si se pueden revisar en las actas, tanto cuando se hizo el estudio de la hoja de vida, yo voté, votamos negativo”, resaltó.
Al final, Rangel Quintero dice que no teme las consecuencias de ningún ente de control, pues considera que las decisiones tomadas junto con los otros dos miembros del Tribunal están sustentadas en las normas internas de la UPC.
“Yo la verdad que no temo a las consecuencias porque es que yo siempre mi posición fue que no cumplía y ahí los demás compañeros del Tribunal de Garantías se llevó ese documento y ellos lo aprobaron. Siempre mi posición ha sido que no cumplía y nosotros estamos haciendo esto de una manera responsable, nosotros buscamos el bien de la universidad”, concluyó.