Bogotá.
El conocido abogado estadounidense Terry Collingsworth, quien ha representado a víctimas en demandas contra las multinacionales Chiquita Brands y Drummond por supuesta financiación al paramilitarismo en Colombia, ahora se enfrenta a un proceso judicial en Estados Unidos, a instancias de esta última empresa (Drummond). El caso, que ha avanzado a la etapa de juicio, se centra en acusaciones de difamación y presunto pago a testigos para obtener testimonios favorables.
Collingsworth, cuya fama como defensor de derechos humanos se consolidó tras ganar una demanda contra Chiquita Brands en West Palm Beach, Miami, el año pasado, está siendo cuestionado por la forma en que ha buscado y obtenido testimonios. El Tribunal para el Distrito Norte de Alabama, donde Drummond tiene su sede, ha enviado las demandas a manos de un jurado para decidir sobre los cargos de difamación y violación a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).
Según los documentos judiciales, Collingsworth es acusado de haber influenciado a testigos, algunos de los cuales cambiaron su testimonio después de recibir pagos. Estos testigos, que inicialmente habían dado declaraciones exculpatorias sobre Drummond, comenzaron a implicar a la compañía en crímenes luego de supuestamente recibir compensación de Collingsworth.
La defensa de Collingsworth
En respuesta a estas acusaciones, el abogado ha calificado las afirmaciones de Drummond como "ridículas". Argumenta que cuenta con pruebas sólidas sobre la financiación de Drummond a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y que su trabajo ha sido siempre en defensa de los derechos humanos.
Este caso tiene especial relevancia para Valledupar y el eje minero del Cesar, donde las operaciones de estas empresas han tenido un impacto significativo en la comunidad local. Las acusaciones contra Collingsworth podrían afectar la percepción pública sobre los esfuerzos legales pasados y futuros relacionados con las responsabilidades corporativas en la región.
El juicio pone bajo la lupa no solo las prácticas de Collingsworth sino también la integridad de los procesos judiciales que han intentado abordar las violaciones de derechos humanos ligadas a las actividades de estas corporaciones en Colombia.