Valledupar.
La defensora nacional de los usuarios de la Nueva EPS, Esperanza Arias, expresó su total satisfacción por la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia sobre el Decreto 0182 de 2026, mediante el cual el Gobierno nacional ordenó la reorganización de las EPS a través de un enfoque territorial y poblacional.
Lo que el Tribunal ha ordenado es conceder una medida cautelar de urgencia que consiste en la suspensión de lo establecido en el decreto y, entre otras cosas, frenar los traslados forzosos de los que serían objeto los usuarios para convertir a la Nueva EPS en la única entidad operando en cientos de municipios del país.
“Realmente hoy teníamos otra reunión con ese mismo tema de no permitir que se hiciera este cambio. Esto es una masacre lo que se iba a cometer porque en este momento la Nueva EPS no nos está dando absolutamente nada”, dijo.
Arias también reconoció que esta es apenas una instancia, pero de todos modos la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia es un alivio para todos los usuarios que estaban en vilo por lo que establecía la medida del Gobierno nacional.
“Así que muy contentos porque por lo menos nos da un poquito de tranquilidad y ayer vine de Bogotá precisamente a reunirme con la doctora Luz María Múnera, donde les puse este tema, la angustia y la zozobra que tenemos todos los usuarios en la Nueva EPS por este traslado tan abrupto que iban a hacer sin consultas, sin nada reglamentado, sin tecnología, sin instalaciones donde iban a atender a la gente, sino simplemente sacan decretos para hacer cambios”, explicó Arias.
Para el caso de Valledupar, tal como lo reveló en días pasados a Radio Guatapurí la secretaria de Salud municipal, Jaide Medina Calderón, el decreto que acaba de ser suspendido establecía que las únicas 4 EPS que quedarían en la ciudad son Salud Total, Cajacopi, Nueva EPS y Dusakawi, que atiende a las comunidades indígenas.
“El daño no solamente era para nosotros, los usuarios de la Nueva EPS, sino para la gente que venía de otras EPS, donde regularmente estaban siendo bien atendidas”, manifestó Arias.
Cabe recordar que el decreto que acaba de ser suspendido establece grandes cambios en la reglamentación del sector salud y protección social en el país. La decisión del Tribunal se considera urgente porque el decreto ya comenzó a aplicarse desde el 25 de febrero de 2026. Si no se frena, el daño sería irreversible, ya que la infraestructura de las EPS que saldrían de los territorios desaparecería, haciendo imposible volver al estado anterior si la sentencia final fuera favorable.
Aunque también es válido aclarar que en territorios como Valledupar todavía no se conocen anuncios del Gobierno nacional con respecto a la implementación de este decreto.