Grave crisis de seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta

Santa Marta.

La Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los principales santuarios ambientales y culturales de Colombia, atraviesa una de las peores crisis de seguridad en décadas. Según el informe semestral de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales (PDHAL), entre enero y junio de 2025 se registraron 634 homicidios en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, en el marco de una disputa violenta entre facciones del crimen organizado por el control de rutas estratégicas del narcotráfico.

El informe advierte que esta violencia no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una guerra territorial sostenida entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como el Clan del Golfo, su archirrival: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), "Los Pachencas", el grupo Los Primos y estructuras locales como Los Carperos. A esto se suma un aparato institucional fragmentado, la débil presencia estatal y la ausencia de una política de seguridad articulada entre departamentos.

El departamento del Magdalena es el más afectado, con 340 homicidios registrados en el primer semestre del año, la cifra más alta desde 2010. La mayoría de los casos se concentran en Santa Marta y Ciénaga, epicentros de la confrontación armada. Solo en Santa Marta, las autoridades han decomisado más de 12 toneladas de cocaína en operativos recientes, evidenciando el papel importante del puerto en las rutas del narcotráfico hacia Centroamérica y Europa.

En La Guajira, se reportaron 131 asesinatos, especialmente en Riohacha y Maicao. Las autoridades han incautado cerca de 9 toneladas de alcaloides en rutas que cruzan la Alta Guajira hacia Venezuela. Los municipios fronterizos son escenario de intensos enfrentamientos entre el EGC y las ACSN, que han dejado a las comunidades indígenas Wiwa y Kogui en condiciones de confinamiento, con acceso limitado a salud, alimentación y educación.

En el sur del Cesar, zonas como la Serranía del Perijá han sido ocupadas por las ACSN, desplazando a otras estructuras armadas y provocando una escalada de violencia en áreas rurales de municipios como La Jagua de Ibirico, Manaure y González.

PDHAL también alerta sobre el aumento de delitos conexos como la extorsión, las desapariciones forzadas, el confinamiento colectivo y el reclutamiento forzado de menores, todo en un contexto de creciente impunidad. Las comunidades denuncian que los procesos de diálogo con los grupos armados son parciales y excluyen a regiones como La Guajira y el Cesar.

El Alto Comisionado para la Paz ha sido señalado por promover acercamientos “invisibles y sin resultados verificables”. Hasta el momento, ni las autoridades locales ni el gobierno nacional han respondido oficialmente al informe.

Mientras tanto, organizaciones sociales, indígenas y de derechos humanos exigen la implementación urgente de un plan de seguridad diferencial, coordinado entre los tres departamentos, que aborde tanto la emergencia humanitaria como la disputa narco-territorial que desangra a esta estratégica región del Caribe colombiano.