El efecto boomerang de la reforma laboral: quiso proteger a los aprendices del SENA y los está dejando sin empleo

Imagínese que usted quiere que más gente tome taxi. Para lograrlo, decide triplicarle el costo a las placas de taxi. El resultado, predecible para cualquiera, es que los taxistas desaparecen de las calles. Algo así, en términos económicos, es lo que hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro con el contrato de aprendizaje del SENA: quiso mejorar las condiciones de los jóvenes en formación y terminó cerrándoles la puerta del mercado laboral.

Las cifras son contundentes y vienen de fuentes oficiales. En 2024, Colombia registró 392.056 contratos de aprendizaje. En 2025, esa cifra bajó a 379.800. Una reducción de 12.256 contratos, equivalente a una caída del 3,13%. Parece poco, pero hay que entender el contexto: es la primera vez en años que el indicador retrocede. Venía creciendo de manera sostenida desde 2021, cuando se contabilizaron 334.582 aprendices, hasta el pico de 2024. Y en lugar de seguir subiendo, giró hacia abajo.

Al mismo tiempo que caía la contratación, el SENA recaudó por concepto de monetización —es decir, la suma que pagan las empresas que prefieren no contratar aprendices— la bobadita de 440.455 millones de pesos en 2025. En 2024 había recaudado 262.802 millones. El salto en un solo año fue del 68%.

"La contratación de aprendices en el 2024 estaba en 392 mil 56 aprendices. En el 2025 esa contratación bajó a 379 mil 800 aprendices, quiere decir que decreció en un 3.13 por ciento y la noticia es porque es la primera vez que decrece"

— José Antonio Larrazábal, analista económico, Radio Guatapurí

¿Qué pasó? La Ley 2466, aprobada en junio de 2025, transformó el contrato de aprendizaje del SENA en un contrato laboral especial a término fijo. Con esa modificación, las empresas pasaron a pagar a los aprendices el 75% del salario mínimo durante la etapa lectiva (antes pagaban el 50%) y el 100% en la etapa productiva (antes, el 75%). Además, deben cubrir salud, pensión, ARL y liquidaciones. En pocas palabras: lo que era un contrato de formación con condiciones diferenciadas se convirtió en un contrato laboral de pleno derecho, con todos sus costos.

El problema, como lo explica el analista económico José Antonio Larrazábal, la voz autorizada sobre economía en Radio Guatapurí, es que nadie hizo las cuentas antes de aprobar la ley.

"El sistema como estaba anteriormente, claramente había una diferencia entre el costo de un aprendiz frente al costo de una monetización y claramente la diferencia podía ser más o menos incluso entre 15 y un 20 por ciento de costos sobre la base de que el empresario definitivamente prefiriera contratar un aprendiz. Con estos incrementos, ni siquiera se calculó cuánto iba a ser la diferencia y si efectivamente eso iba de una u otra forma a golpear tanto el bolsillo del empresario que preferiría pagar la multa."

— José Antonio Larrazábal, analista económico, Radio Guatapurí

La conclusión matemática es brutal: para muchas empresas, hoy resulta más barato pagar la 'multa' de no contratar que contratar. Según un análisis publicado por El Tiempo durante el trámite de la reforma, con todos los costos incluidos, las empresas llegan a ahorrar entre 190.000 y 282.000 pesos mensuales eligiendo la monetización sobre la contratación directa. Ese margen, pequeño en apariencia, es suficiente para que miles de empresarios hayan tomado la misma decisión.

Larrazábal lo resume con una claridad que no requiere título de economista para entenderse:

"Es que es sencillo: el contrato de formación o de aprendiz pasó a ser un contrato laboral a término fijo en donde antes se pagaba el 50% en la etapa electiva, ahora se paga el 75% del salario mínimo en la etapa electiva y en la etapa productiva que antes se pagaba 75% del salario mínimo, ahora se paga 100%. Adicionalmente, por ser un contrato laboral a término fijo, entonces los aprendices tienen acceso a todo el tema de seguridad social, salud, pensión, ARL y sus liquidaciones de rigor."

— José Antonio Larrazábal, analista económico, Radio Guatapurí

Y hay otro factor que no es menor: la rotación. Como el contrato es a término fijo, cuando el aprendiz termina su ciclo, hay que sacarlo y meter a otro. Eso implica procesos de selección, inducción y transición casi que todos los años, lo que trastoca la operación de las empresas. Frente a eso, muchos empresarios prefieren pagar la monetización y mantener una nómina estable.

ADVERTIDOS Y DESATENTOS

Lo que más indigna a quienes hoy analizan el fenómeno es que nadie puede decir que no lo vio venir. Durante el debate de la reforma laboral en el Congreso, voces de distintos partidos lanzaron alertas específicas sobre este riesgo.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, fue una de las más directas: advirtió que si el contrato de aprendizaje se convertía en uno laboral, muchas empresas optarían por monetizar y miles de jóvenes perderían su oportunidad de aprender y trabajar. Su partido, junto con los conservadores y Cambio Radical, se opuso al artículo 23 precisamente por estas razones.

La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, también lo anticipó con una frase que hoy suena como una profecía cumplida: aunque las nuevas normas devolvían derechos laborales a los aprendices, advirtió que dejaban viva una cuota de monetización que impediría que los contrataran, y que la reforma engañaba diciendo que entregaba mejores condiciones a los trabajadores cuando la realidad era que no habría quien las pagara.

La representante Catherine Juvinao fue aún más precisa: alertó durante el trámite legislativo que si hacían más barata la 'multa' para no contratar aprendices que contratarlos, terminarían perjudicando a los propios jóvenes que la reforma decía querer proteger. Hoy lo confirma con cifras en mano.

El gobierno, sin embargo, insistió en sacar adelante la norma tal como estaba. Y las consecuencias están a la vista.

"Eso pareciera que nadie se tomó el trabajo ni siquiera hacer un cálculo de servilleta, que era sencillo hacerlo como para comprender que el efecto iba a ser todo lo contrario. Ahora, incluso eso pudo haberse previsto en el proyecto de ley aumentando incluso el valor de la monetización, pero creo que ni siquiera ese trabajo se tomaron."

— José Antonio Larrazábal, analista económico, Radio Guatapurí

EL SENA GANA; LOS JÓVENES, NO TANTO

Hay un ganador claro en este escenario: el propio SENA. La entidad pasó de recaudar 262.802 millones de pesos en 2024 a 440.455 millones en 2025 solo por concepto de monetización, un incremento del 68% en un solo año. Esos recursos, al menos en un 25%, deben destinarse a apoyos para los propios aprendices, según lo establece la Ley 2466. Pero la paradoja es evidente: el SENA recibe más dinero precisamente porque hay menos jóvenes siendo contratados.

Los perdedores son los 12.256 aprendices que este año no encontraron empresa dispuesta a patrocinarlos. Y el pronóstico, según Larrazábal, apunta a que la cifra será peor en 2026.

"El efecto que se buscaba inicialmente, que era incrementar la contratación de aprendices y generar empleo, ha sido todo lo contrario. En últimas, bien por el SENA porque sus recaudos aumentan, porque hay más con que se puede decir funcionar e invertir, pero creo que el efecto que en últimas sí se buscaba con la reforma, que era un tema social que generaría empleo, antes por el contrario, creo que ha sido todo lo contrario."

— José Antonio Larrazábal, analista económico, Radio Guatapurí

El SENA, por su parte, ha salido a defender los números. Señala que contratar un aprendiz técnico durante sus 15 meses de formación le cuesta al empresario unos 30,2 millones de pesos, mientras que monetizar esa misma cuota durante el mismo período cuesta 42 millones. Es decir, según la entidad, contratar sigue siendo más barato que pagar la monetización. El problema es que esa aritmética no parece convencer al empresariado, que sigue prefiriendo la opción de pagar y olvidarse.

Una posible explicación es que el cálculo del SENA no incluye los costos de rotación, selección e inducción que implica renovar constantemente los contratos a término fijo. Cuando el empresario suma todos esos rubros, la ecuación cambia.

UNA LECCIÓN QUE COLOMBIA DEBERÍA APRENDER

Más allá de la discusión política, este caso es un ejemplo de manual sobre lo que ocurre cuando las leyes se tramitan sin estudios técnicos de impacto. La economía no funciona con buenas intenciones: responde a incentivos. Y si los incentivos empujan a los empresarios en la dirección contraria a la que busca la norma, el resultado será siempre el opuesto al deseado.

El reto ahora es saber si el gobierno Petro —con menos de 4 meses por delante de su mandato— reconocerá el error y hará los ajustes necesarios, o si seguirá adelante esperando que los números mejoren solos. Por ahora, hay 12.256 jóvenes colombianos que esperaban una oportunidad de práctica y no la encontraron. Y el pronóstico para 2026, lamentablemente, no es alentador.