La seguridad que nos deben

Por Juan Carlos Abuchaibe Araújo

Valledupar, como tantas ciudades colombianas, vive una paradoja dolorosa: mientras las administraciones municipales celebran reducciones marginales en homicidios, la realidad cotidiana es la de familias rotas, comerciantes extorsionados y jóvenes que temen salir de noche. No escribo como analista frío, sino como ciudadano que le duele, testigo directo de cómo la violencia ha desgarrado el tejido social de mi ciudad.

Las cifras que no consuelan
En trece años, cuatro alcaldes han prometido seguridad. Los datos, lejos de tranquilizar, evidencian una crisis persistente:

El año 2022 fue el más violento en dos décadas: 149 homicidios y un aumento del 35 % en hurtos. Son cifras que representan vidas truncadas, negocios cerrados y una ciudad que sangra, mientras las autoridades celebran logros insuficientes.

Crímenes de alto impacto: la impunidad como norma
La masacre frente a Cicolac, el ajuste de cuentas en El Copey, el asesinato del "Mono" Estrada y otros homicidios recientes ilustran la capacidad del crimen organizado para operar con impunidad, incluso en zonas céntricas y bajo la mirada de la fuerza pública. El análisis de diez casos de sicariato revela patrones alarmantes:

• Ataques diurnos, motocicletas como medio de escape, armas cortas y largas, y una tasa de esclarecimiento del 20 %.
• Extorsión, ajustes de cuentas, disputas por tierras y control de rutas son los móviles recurrentes.

La ciudadanía merece saber dónde, cómo y por qué ocurren estos crímenes. La respuesta institucional ha sido insuficiente y la impunidad es la regla.

¿Sirve la Secretaría de Seguridad?
La creación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana fue celebrada como avance, pero los resultados son marginales. Los programas preventivos no reemplazan el control territorial efectivo. Valledupar necesita respuestas técnicas y verificables sobre:

• Inversión real y significativa en seguridad ciudadana
• Tecnología de videovigilancia y cobertura sin puntos ciegos.
• Sistemas de reconocimiento facial y lectura de placas.
• Metodologías de investigación criminal burbujas de información.
• Articulación interinstitucional efectiva

Las autoridades deben rendir cuentas, conforme a la ley, sobre el uso de recursos y resultados concretos.

Más pie de fuerza, mismos resultados
La Policía Metropolitana de Valledupar creció un 42 % en personal y realizó miles de capturas, allanamientos e incautaciones. Sin embargo, la violencia no disminuye proporcionalmente. Si con más recursos los resultados son similares o peores, el problema es de metodología, coordinación y voluntad política.

Revocatoria y abandono nacional
El descontento ciudadano ha cobrado fuerza y ya se traduce en un proceso formal de revocatoria contra el alcalde Ernesto Orozco. La inseguridad que no cede, las obras envueltas en cuestionamientos y la persistente falta de empleo han generado la sensación colectiva de una ciudad a la deriva, sin rumbo claro ni liderazgo efectivo.

Mientras los vallenatos enfrentan solos esta realidad, el silencio de los congresistas y del Gobierno nacional resulta ensordecedor. Valledupar sufre el abandono sistemático del Estado central, justo en medio de la creciente presencia de bandas criminales y de la ambigua y controvertida política de “paz total”, que muchos perciben más como un factor de confusión que como una verdadera solución al orden público.

Propuesta: Ecosistema de seguridad integral
En múltiples ocasiones he insistido que Valledupar necesita implementar un Ecosistema de Seguridad Integral, llamado zonas seguras que articule y priorice la inversión:

1. Seguridad ciudadana efectiva
2. Educación transformadora
3. Tránsito organizado
4. Cultura ciudadana
5. Turismo seguro
6. Bienestar familiar

Este sistema requiere inversión real y sostenida, articulación público-privada y voluntad política. Las Zonas Seguras y Protegidas pueden transformar la ciudad, protegiendo colegios, centros y espacios públicos.

Analicemos un poco
Más allá de las cifras y los discursos institucionales, la ciudadanía de Valledupar vive con miedo. Este temor no es infundado ni producto de la paranoia colectiva: es la respuesta natural ante una realidad donde la violencia ha dejado de ser una excepción para convertirse en una constante.

Los valduparenses modifican sus rutinas, evitan ciertos barrios, cancelan planes nocturnos y viven con la angustia permanente de que el próximo episodio de violencia pueda tocar su puerta.

El miedo se alimenta de la precariedad institucional, de la lentitud de la justicia y de la sensación de que los delincuentes actúan con mayor coordinación que las autoridades. Cuando un ciudadano común observa que los criminales operan a plena luz del día, que las capturas son excepcionales y que las condenas son aún más raras, la confianza en el Estado se resiente. Y, sin confianza, no hay convivencia posible.

El caso más reciente: el asesinato del "Mono" Estrada
El homicidio de quien era conocido como el “Mono” Estrada es el ejemplo más reciente de cómo un aparente hurto puede disfrazar un sicariato planeado, como lo demuestran los videos: un taxi transportando al agresor y motociclistas involucrados. Así, el crimen sigue operando con impunidad en Valledupar. Su muerte no solo representa una vida más truncada, sino también la confirmación de que los criminales continúan determinando el ritmo de la violencia en la ciudad.

El modus operandi fue el mismo que se ha repetido en múltiples ocasiones: ataque rápido, precisión en la ejecución y fuga sin dejar rastro. La pregunta que surge es inevitable: ¿cuántos casos más como este deben ocurrir para que las autoridades implementen estrategias de prevención efectivas?

Los dos casos más violentos
La masacre de Cicolac con fusiles
La masacre ocurrida frente a la empresa Cicolac constituye uno de los episodios más graves de violencia urbana registrados en Valledupar en los últimos años. El uso de fusiles de largo alcance en plena zona céntrica de la ciudad no solo evidencia el nivel de armamento disponible para las bandas criminales, sino también su desprecio total por la presencia de la fuerza pública y la vida de los civiles.

Este tipo de ataques con armamento de guerra envía un mensaje de terror a la población: nadie está a salvo, ni siquiera en las zonas más transitadas de la ciudad. La masacre de Cicolac representa un punto de inflexión en la escalada violenta, donde el crimen organizado deja de operar en las sombras para actuar con total desfachatez. Pero genero interrogantes. Que hasta el momento no se han resuelto por ejemplo la oportunidad y capacidad de reacción de las autoridades, por ejemplo.

La masacre del Copey
El ajuste de cuentas en El Copey es otro de los casos que ilustra la brutalidad con la que operan las bandas criminales en la región. Este tipo de masacres, donde múltiples víctimas son ejecutadas de manera simultánea, revela una planificación que solo es posible cuando existe una estructura criminal consolidada y una ausencia casi total de control territorial por parte del Estado y acompañamiento de impunidad total por parte del sistema judicial no tienen miedo a ser capturados.

Ambos casos, Cicolac y El Copey, comparten características comunes: ejecución con armamento de alto poder, operaciones diurnas en zonas pobladas y una tasa de esclarecimiento prácticamente nula. Son crímenes que no buscan solo eliminar objetivos específicos, sino sembrar terror en la población y consolidar el control territorial de las bandas.

Diez casos de homicidios en el periodo del alcalde Ernesto Orozco
Durante la administración del alcalde Ernesto Orozco, Valledupar ha sido escenario de al menos diez homicidios de alto impacto que revelan patrones preocupantes en la dinámica criminal de la ciudad. Estos casos no son números abstractos: son historias de vida interrumpidas, familias destrozadas y una comunidad que exige respuestas. A continuación, se presenta un análisis detallado de diez casos representativos que evidencian la diversidad de motivaciones, pero la homogeneidad en la metodología criminal:

El análisis de estos diez casos permite identificar elementos recurrentes:

• Sicarios jóvenes operando en parejas, casi siempre sobre motocicletas
• Uso de armas cortas (pistolas 9 mm y revólveres calibre .38) y, en casos selectos, fusiles de largo alcance
• Ataques ejecutados en cuestión de segundos con posterior fuga inmediata
• Camuflaje mediante uniformes falsos de mensajería o empresas de seguridad
• Mayoría de ataques ocurridos en horas diurnas, desmontando el mito del "horario seguro"
• Víctimas vinculadas a extorsión, microtráfico, liderazgo comunitario o disputas territoriales
• Tasa de esclarecimiento cercana al 20 %, inferior al promedio nacional

Estos patrones no son coincidencias: constituyen un modus operandi que revela la existencia de estructuras criminales organizadas que operan con precisión, repetición e impunidad. Cada crimen sin resolver refuerza el poder simbólico de las bandas y multiplica el control territorial mediante el terror. 

Que están haciendo para combatir esto que ya es vulgar, una ciudadanía completamente vulnerable.

Una aclaración necesaria
Es importante precisar que el señalamiento al alcalde Ernesto Orozco como responsable de la seguridad en la ciudad no constituye un ataque personal ni una persecución política. El mandatario municipal, por mandato constitucional y legal, es la primera autoridad en materia de seguridad ciudadana en su jurisdicción. Esta responsabilidad no es optativa ni delegable: corresponde al alcalde garantizar condiciones de seguridad para todos los habitantes de Valledupar.

Las críticas aquí expuestas se dirigen a la gestión, a los resultados insuficientes y a la falta de respuestas efectivas ante una crisis que aqueja a toda la ciudad. No se cuestiona la integridad personal del alcalde, sino su capacidad de liderazgo y toma de decisiones en uno de los aspectos más sensibles para la población. La ciudadanía tiene derecho a exigir resultados, a pedir cuentas y a manifestar su inconformidad cuando las promesas de campaña no se traducen en acciones concretas.

La revocatoria del mandato, impulsada por el descontento ciudadano, es una expresión democrática de esa exigencia. No es venganza política: es la consecuencia lógica de una administración que no ha logrado contener la violencia que desangra a Valledupar.

Llamado urgente
Las cifras no son abstractas: son vidas, sueños y familias. Exijamos una transformación real, inversión seria y compromiso genuino de nuestros gobernantes. La seguridad que nos deben no puede seguir siendo promesa incumplida. Es hora de que las palabras se traduzcan en hechos y las estadísticas reflejen paz, no dolor.

Porque, al final, no se trata de cifras: se trata de nuestro derecho a vivir sin miedo y más allá de eso a vivir.