Otro cable pelao le sale a Callo Calderón: Contraloría le imputa responsabilidad por obra del acueducto

Valledupar.

Semanas atrás fue noticia en San Diego el embargo en contra de las cuentas del exalcalde Carlos Mario Calderón Ortega, conocido como “Callo Calderón”, promovido por el mayor retirado Luis Ramón Ovalle Mejía. Ahora un nuevo cable pelao le surge al exmandatario sandiegano.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un auto de imputación de responsabilidad fiscal por un presunto daño patrimonial estimado en $4.533.028.805,49, derivado de graves deficiencias en la gestión y operación del sistema de acueducto local.

La decisión, contenida en el Auto No. 0404 del 5 de diciembre de 2025, apunta directamente al exalcalde Carlos Mario Calderón Ortega (Callo Calderón) y Yeiner Martínez Chona, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de San Diego (Emposandiego), por omisiones que han impedido el óptimo funcionamiento de una obra contratada por más de $5.797 millones, dejando a la comunidad sin un servicio eficiente de agua potable.

Una denuncia ciudadana destapó el entuerto

El proceso de responsabilidad fiscal, identificado como PRF 80202-2022-40824, surge de una denuncia ciudadana de 2021 que reveló irregularidades en el Contrato Interadministrativo No. 070 de 2019, suscrito entre el Municipio de San Diego y el Consorcio Hidráulico San Diego.

El objetivo del contrato era optimizar el sistema de acueducto de la cabecera municipal para mejorar la calidad de vida de los habitantes, con un plazo inicial de 10 meses y un valor de $5.797.593.373. Aunque las obras civiles se completaron y se entregaron en agosto de 2020, el sistema no opera de manera adecuada, generando un detrimento al patrimonio público por "gestión antieconómica" que incumple los fines esenciales del Estado, como garantizar el acceso eficiente al agua, un derecho fundamental protegido por la Constitución Política.

Fallas protuberantes del acueducto

Entre las fallas identificadas por la CGR se destacan:

• Intermitencia en el suministro de agua: Visitas a viviendas en los tres sectores del municipio evidenciaron incumplimientos en horarios y días de servicio, con flujos irregulares que afectan a la población.
• Falta de personal y control operativo: La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) opera sin personal permanente, dejando el control en manos de operadores manuales sin supervisión adecuada, lo que compromete la calidad del agua y la respuesta a emergencias.
• Ausencia de pruebas hidráulicas: A pesar de solicitudes, el municipio no proporcionó evidencia de pruebas al sistema general o por circuitos, incumpliendo salvedades en el acta de recibo de obra de 2020.
• Conexiones fraudulentas no resueltas: Aunque se conocían al menos ocho conexiones ilegales en fincas privadas antes del contrato, no se tomaron medidas definitivas para eliminarlas, impactando el caudal disponible (que supera los 50 litros por segundo en pruebas, pero no llega eficientemente a los usuarios).
• Puesta en marcha incompleta: El sistema se activó sin capacitaciones ni manuales operativos entregados por el contratista, violando compromisos contractuales.

La aseguradora también lleva del bulto

Además, se declara como tercero civilmente responsable a Previsora Seguros (NIT 860002400-2), bajo la Póliza de Seguro de Manejo No. 3001920, con cobertura por fallos fiscales de hasta $50 millones, vigente entre 2019 y 2020.

El proceso inició con una indagación preliminar en julio de 2022, tras un hallazgo fiscal que descartó irregularidades en las obras civiles pero señaló falencias en la operación y manejo del sistema. En abril de 2023, se abrió formalmente el proceso de responsabilidad fiscal, concluyendo que las deficiencias impiden el uso eficiente de los recursos invertidos y vulneran el bienestar de la comunidad.

San Diego ha enfrentado quejas recurrentes por el servicio de acueducto, exacerbadas por esta situación. La CGR ha instado a acciones correctivas, pero hasta la fecha, el sistema no cumple con los estándares requeridos.