Valledupar.
Con una actitud propositiva, aunque preocupado, el veedor ambiental Gustavo Cabas Borrego se refirió al llamado que la Procuraduría General de la Nación le hizo al alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco; a la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, y a la directora de Corpocesar, Adriana García Arévalo, para que rindan cuentas sobre lo que han hecho hasta ahora para acatar la orden del Tribunal Administrativo del Cesar con respecto a la recuperación del río Guatapurí desde su cuenca alta.
El líder social, y uno de los accionantes en la tutela que dio como resultado el pronunciamiento del tribunal en favor del río, analizó lo realizado por las tres entidades y aseguró que ya es hora de que el Gobierno nacional, unido a los entes territoriales y a la autoridad ambiental, diseñen y ejecuten un proyecto de envergadura para la salvaguarda del Guatapurí, contaminado por todo tipo de desechos.
“Yo insisto en que la solución del río Guatapurí no está para ciertas circunstancias pequeñas, sino para un megaproyecto en donde converge el Gobierno nacional, donde estén las entidades involucradas en este asunto y hagamos de Valledupar hagamos de Valledupar, de la margen derecha del río Guatapurí un emporio de riqueza en favor de la naturaleza y en favor de los destinos del municipio que es poderle facilitar a toda la comunidad el preciado líquido que consume una de las mejores ciudades que tiene la costa Atlántica”, dijo.
Cabas Borrego manifestó que la unión en este caso, más que un mandato judicial, es una salida al problema que hasta ahora no se ha podido resolver. El veedor ciudadano propone una serie de acciones conjuntas, que incluyan una bolsa común de recursos, que se le presenten al Gobierno nacional para que este a su vez responda también con presupuesto y planificación.
“No podemos desconocer que Corpocesar, que Emdupar, que la Gobernación y el municipio, ellos han trabajado, pero es que hay una grave situación, que es la parte financiera, pero ¿qué le estamos diciendo nosotros directamente? Lo que hicimos en la acción popular, vamos a hacer una bolsa, vamos a hacer una tarea donde todos pongamos un poquito y le digamos al Gobierno nacional: aquí está esta bolsa y nosotros queremos hacer este proyecto”, acotó.
Lo que el Tribunal Administrativo del Cesar ordena, en fallo de segunda instancia, es que todos los involucrados implementen medidas urgentes para la recuperación ambiental del río Guatapurí, frenen la contaminación originada por personas y empresas, y pongan en marcha una estrategia que sensibilice a la población sobre el cuidado del ecosistema.
Finalmente, Cabas Borrego aseguró que la opinión pública, los medios de comunicación y los colectivos ambientalistas están esperando respuesta sobre algunos de los fenómenos de los que habla la sentencia judicial, entre ellos la desviación del río en diferentes tramos, la construcción de una escombrera municipal, entre otros.