Valledupar.
Conforme avanzan las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento de las diez personas implicadas en el caso de la organización trasnacional señalada de coordinar y ejecutar la expedición de documentos de identidad colombiana a extranjeros de manera fraudulenta y tráfico de migrantes, se van conociendo reveladores detalles de cómo operaba la red y qué rol cumplían cada uno de los capturados.
En primera instancia, el Fiscal 66 Especializado de Bogotá contra Violaciones de Derechos Humanos, Trata de Personas y Tráfico de Inmigrantes, indicó que la organización delictiva trasnacional conocida como ‘Granada’, habría iniciado operaciones el 20 de noviembre de 2020, las cuales mantuvo hasta la fecha de la captura de los implicados. En la diligencia, el fiscal dijo: “Desde el 20 de noviembre de 2020 hasta la fecha de su captura, en los municipios de Valledupar y La Paz, Cesar; Pereira y La Virginia, Risaralda; Pasto, Nariño; Cali, Valle del Cauca; Barranquilla, Atlántico; Fundación, Magdalena; Sincelejo, Sucre, y Bogotá, con acuerdo de voluntades, se logró conformar por parte de ustedes un grupo estructurado con cobertura en varios municipios y ciudades, que se dedica a la obtención de la nacionalidad colombiana de manera fraudulenta para ciudadanos de diferentes nacionalidades, entre estos dominicanos y venezolanos, facilitando y suministrando para dicho propósito documentación espuria, como actas de Bautismo, registros civiles, registros civiles de extranjeros apostillados, cédulas de ciudadanía y pasaportes colombianos, con los que, en algunos casos, salen del país como colombianos, o salen del país con su nacionalidad a un tercer país”, para desde allí salir con la nacionalidad colombiana a destinos en Europa y Estados Unidos, utilizando países de tránsito como Ecuador, Perú, Panamá, Brasil y México.
La Fiscalía presentó además un resumen del papel que jugaba cada uno de los capturados, dentro de la organización:
Presunto Líder y coordinador:
Funcionarios Públicos:
Particulares:
Presunto enlace:
En la audiencia, llamó la atención el relato de la Fiscalía sobre cómo, de manera exprés, en la Registraduría del municipio de La Paz expedían documentos; según el fiscal, en 16 minutos se llegó a obtener registro civil y cédula de ciudadanía; además, un poco después, también se tramitaba el pasaporte.
“Si no hubiera sido por la participación de cada una de estas personas de manera directa y personal no se hubiera podido materializar la totalidad de la conducta ni poner en funcionamiento a la perfección la organización criminal. Pero, para que no haya lugar a dudas, se solicitó búsqueda selectiva en base de datos (…) donde nos indica esta información: respecto de Randy Leiva Urueta, el serial del Registro Civil fue inscrito en la Registraduría de La Paz, Cesar; el usuario o nombre del funcionario que autorizó ese Registro y que grabó la información en el sistema fue el señor Oswaldo Morales López, con el usuario omorales. La fecha de expedición y grabación de ese registro fue el 10 de diciembre de 2021, a las 9:33 horas con 22 segundos; de igual forma, se estableció que la señora Liliana Judith Maury Rojas, fue la funcionaria que expidió la cédula de ciudadanía de esa misma persona; la fecha de expedición fue el 10 de diciembre de 2021, y la hora de ingreso al sistema fue a las 9:49 con 12 segundos. Pocas horas después ya tenía su pasaporte expedido. Este es un indicador de una expedición flash de un registro civil y de una cédula extemporánea, de una persona de 36 años, en 16 minutos. Yo creo que es la Registraduría más eficiente. Usted va a la Registraduría de La Paz, Cesar y en 16 minutos ya se encuentra usted registrado extemporáneamente y cedulado, y puede salir directamente a la oficina de la Gobernación a expedir su pasaporte”, afirmó el fiscal.
Las audiencias continuarán este jueves 26 de septiembre, a partir de las once de la mañana, en donde serán escuchados los abogados de la defensa y se espera que el juez decida sobre la solicitud de medida de aseguramiento intramural solicitada por el ente acusador.