Valledupar.
Este miércoles 16 de julio, la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar ha emitido un llamado urgente a las autoridades locales y regionales para evaluar el cumplimiento de las sentencias judiciales destinadas a proteger el río Guatapurí, un emblemático afluente de Valledupar afectado por la contaminación y el mal uso de sus recursos.
Este pronunciamiento se enmarca en el caso preventivo con radicación E-2024-250161 y RUC P-2024-3589847, que busca garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales emitidas el 10 de noviembre de 2022 y el 19 de julio de 2023.
En un oficio dirigido a la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila; el alcalde de Valledupar, Ernesto Miguel Orozco Durán; la directora de Corpocesar, Adriana Margarita García; y otros funcionarios clave, el procurador regional, Miguel Ángel Rocha Cuello, convocó a una reunión presencial el 13 de agosto de 2025 a las 9:00 a.m. en la Sala de Audiencias de la Procuraduría Regional, ubicada en el quinto piso del Edificio Caja Agraria.
El objetivo es validar los avances en la implementación de las órdenes judiciales relacionadas con la recuperación y descontaminación de la cuenca hidrográfica del río Guatapurí.
La Procuraduría ha solicitado a cada entidad presentar un informe detallado sobre el cumplimiento de las obligaciones judiciales antes del 5 de agosto de 2025, a las 4:00 p.m. Este informe debe especificar las acciones técnicas, administrativas y presupuestales realizadas para mitigar la disposición de residuos sólidos y escombros en el río, así como otras medidas para proteger este recurso natural vital para la región.
El organismo de control enfatizó que el incumplimiento de estas solicitudes podría derivar en faltas disciplinarias, conforme a la Ley 2054 de 2020, que establece el deber de los servidores públicos de responder oportunamente a las peticiones ciudadanas y garantizar los derechos colectivos, como la protección del medio ambiente.
La acción preventiva, respaldada por la Resolución 132 de 2014 y la sentencia C-977 de 2002 de la Corte Constitucional, busca anticiparse a riesgos en la gestión pública y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin interferir en las decisiones administrativas de las entidades.
Este llamado responde a la acción popular iniciada por el ciudadano Gustavo José Cabas Borrego y otros, quienes han denunciado la contaminación del río Guatapurí, un problema recurrente que incluye la disposición indebida de residuos y actividades que afectan su ecosistema.
La reunión del 13 de agosto será un paso clave para evaluar el compromiso de las autoridades locales en la protección del río Guatapurí, un símbolo cultural y ambiental de Valledupar, y para asegurar que las medidas ordenadas por los fallos judiciales se traduzcan en acciones concretas para su recuperación.