Procuraduría absuelve a exgobernador Monsalvo por los contratos de pandemia

Bogotá.

La Procuraduría Segunda Delegada Disciplinaria de Juzgamiento absolvió al exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, de la investigación disciplinaria que se seguía en su contra por la adquisición de 73.500 paquetes alimentarios para entregarlos a comunidades vulnerables durante el aislamiento obligatorio de la pandemia en 2020.

Cabe recordar que el ministerio publico previamente había realizado una imputación por el presunto “incumplimiento del deber de vigilancia y control respecto de los contratos 2020-09-006, 2020-09-008, 2020-09-009 y 2020-09-024”, suscritos por la Gobernación del Cesar, con el fin de entregar ayudas alimenticias para la población vulnerable en tiempos de la pandemia del covid-19.

La acusación al político cesarense establecía que, presuntamente, había incurrido en un detrimento patrimonial de más de $400 millones en el marco de la celebración de 23 contratos para la entrega de esos paquetes con productos básicos de la canasta familiar, kits que se avaluaron en $126 mil cada uno.

Tales contratos fueron firmados por la Secretaría General de su gobierno, pero al exmandatario le endilgaron responsabilidad como administrador del departamento, un cargo que lo obligaba a conocer en detalle los movimientos de sus funcionarios, vigilar e inspeccionar las tareas ejecutadas.

La Procuraduría absuelve y la Fiscalía acusa

Lo paradójico de este caso es que, por los mismos hechos, mientras la Procuraduría absolvió de toda responsabilidad al exmandatario cesarense, la Fiscalía General de la Nación acusó en octubre de 2024 de ser responsable de la contratación irregular de los paquetes alimentarios. 

En efecto, la Fiscalía lo señaló en ese entonces de haber celebrado 23 contratos para la entrega de 73.500 kits alimenticios, procesos en los que supuestamente tuvo un interés directo y habría desviado cerca de 9.000 millones de pesos, proceso que aún se encuentra en la etapa de juicio. 

Condena de primera instancia

Cabe precisar que desde marzo de 2024 el exgobernador cumple una condena de 21 años y 8 meses de prisión, emitida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía, en la ejecución del contrato de suministro del 21 de agosto del 2015 del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual fue suscrito entre el departamento del Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar a Salvo 2015. Dicha condena, de primera instancia, fue apelada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y está a la espera de que sea emitida la decisión final sobre este caso.