"Hay veedores y hay falsos veedores": Pablo Bustos expone cómo distinguir el control ciudadano legítimo de la extorsión disfrazada de veeduría

Bogotá.

En entrevista con el programa Punto de Vista de Radio Guatapurí, Pablo Bustos, presidente de la Red Nacional de Veedurías de Colombia, encendió las alarmas sobre una realidad que muchos prefieren callar: hay ciudadanos que se disfrazan de veedores para extorsionar alcaldes, funcionarios y contratistas. Bustos fue contundente al señalar que quienes operan de esta manera no son veedores en ningún sentido real o legal, y que merecen un tratamiento penal diferenciado:

"Ellos deben ser sancionados ejemplarmente, y debería haber unas sanciones legales especiales para quienes, sobre la base de esto, cometan delitos: no solamente el régimen de sanciones normal, sino un régimen de sanción agravado por la condición de veedor ciudadano."

El dirigente identificó una falla estructural en la legislación colombiana: la Ley 850 de Veedurías no contempla mecanismos de disciplina interna ni autorregulación. Eso ha dejado un vacío que los falsos veedores aprovechan sin mayores consecuencias. Bustos lleva años impulsando una reforma legal que cree una instancia disciplinaria específica para el gremio. Mientras eso no ocurra, advirtió, la ciudadanía y los propios funcionarios tienen una herramienta inmediata: la denuncia pública y ante las autoridades competentes, especialmente la Fiscalía General de la Nación.

Uno de los casos más llamativos que expuso Bustos es el de veedurías que envían cientos de derechos de petición —con hasta 250 preguntas cada uno— a más de mil municipios del país de forma simultánea. Para el presidente de la Red Nacional, esta práctica no es control ciudadano sino sabotaje institucional con fines económicos:

"Es indignante y es una vergüenza que eso ocurra. Lo que buscan es el entrabamiento y el perfilamiento de administraciones para luego hacerlas objeto de exigencias económicas deleznables o de presiones o de perturbación de la función administrativa."

Para Bustos, la calidad de veedor no la otorga un carnet, una personería jurídica ni un registro en cámara de comercio: la otorga la comunidad en función del reconocimiento ético de quien la ejerce. Subrayó que el veedor legítimo tiene la responsabilidad de colaborar con el buen funcionamiento del Estado, no de colapsarlo. En ese sentido, propuso que las administraciones puedan exigir a quienes se presenten como veedores que expliquen cuántos derechos de petición han formulado, con qué propósito concreto y si su actuación guarda coherencia con ese objeto. "Se trata de hacer una evaluación del evaluador", resumió.

El dirigente defendió la necesidad de construir un sistema de información nacional donde la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la ESAP crucen y sistematicen datos sobre la actividad de los veedores, incluidas las quejas contra ellos. Sostuvo que el origen de las veedurías está, precisamente, en el fracaso del Estado para combatir la corrupción, pero que ese origen no puede convertirse en excusa para un ejercicio sin control:

"Se trata de que todos nos controlemos a todos. En ese sistema se crean unos pesos y unos contrapesos que puedan hacer de las veedurías lo que realmente son: una respuesta ciudadana al fracaso en la lucha contra la corrupción."

Al cerrar la entrevista, Bustos hizo un reconocimiento a quienes ejercen la veeduría de manera honesta —"entregando su vida, su dignidad y su esfuerzo para salvaguardar la democracia"— y anunció que la Red Nacional está abierta a recibir denuncias contra falsos veedores y a acompañar su judicialización, tal como lo ha hecho en casos anteriores en la Costa Caribe donde algunos veedores han terminado respondiendo penalmente por sus actuaciones.