Ocaña enfrenta grave crisis humanitaria por desplazamiento masivo desde el Catatumbo

Ocaña, Norte de Santander.

La situación de violencia en el Catatumbo ha generado una grave crisis humanitaria en la provincia de Ocaña, Norte de Santander, con miles de familias campesinas huyendo del conflicto armado. El personero de Ocaña, Jorge Bohórquez, expresó en Radio Guatapurí su preocupación sobre la llegada masiva de desplazados al casco urbano de la ciudad, especialmente por el impacto que esto tiene en los niños y adolescentes, quienes constituyen una parte significativa de las víctimas.

"Ya tenemos más de mil niños desplazados en Ocaña, muchos de ellos llegaron solo con lo que llevaban puesto, huyendo de la violencia y la vulneración de sus derechos humanos. Desde la Personería y la Asociación de Personeros del Catatumbo estamos haciendo un seguimiento cercano a esta situación", señaló Bohórquez.

El personero informó que, hasta la fecha, han llegado unas 6.000 personas desplazadas a Ocaña, y que su oficina ha recibido 24 declaraciones masivas, cada una de las cuales representa a más de 10 núcleos familiares o más de 50 personas. Estas declaraciones son parte del proceso establecido por la Ley 1448, que busca garantizar la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Bohórquez destacó que las ayudas humanitarias son insuficientes para atender la magnitud de la emergencia. "A través de nuestra labor con la Asociación de Personeros del Catatumbo, estamos en constante monitoreo, siendo el puente entre la comunidad y las instituciones. Le hemos dejado claro a la Defensora del Pueblo, quien estuvo en el territorio la semana pasada, que necesitamos apoyo urgente de todos los estamentos. El desplazamiento está superando la capacidad instalada y necesitamos más ayudas del gobierno nacional", expresó.

Según el personero, más de 20.000 personas han sido desplazadas en la región: 12.000 están en Cúcuta, 6.000 en Ocaña y más de 3.000 en Tibú, como resultado del conflicto entre el ELN y la disidencia de las FARC.

El personero reiteró que la crisis no es nueva para el gobierno nacional, pues desde hace seis meses la Asociación de Personeros había alertado sobre la posibilidad de que la situación se agravara en la región. "Ya lo habíamos advertido y entregado información a la Defensoría del Pueblo para alertar sobre lo que está ocurriendo", dijo Bohórquez.

Asimismo, el personero hizo un llamado al país y a los departamentos cercanos para que brinden apoyo con ayuda humanitaria, como alimentos básicos, carpas, sábanas, frazadas, agua y atención médica para los desplazados. "Necesitamos la solidaridad de todos para poder dignificar a estas personas, que han perdido todo, incluso a sus seres queridos", afirmó.

En cuanto a la declaración de conmoción interior por parte del presidente Gustavo Petro, Bohórquez indicó que es necesario que las ayudas sean puntuales y estén orientadas al desescalamiento del conflicto. "Es fundamental que el presidente Petro solicite al alto comisionado de Paz que genere los espacios necesarios para negociar con los grupos armados y permitir que la población civil, incluidos niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores, puedan salir de la zona del Catatumbo y restablecer sus derechos", subrayó.

El personero también expresó su preocupación por la falta de infraestructura básica en la región. "Es inaceptable que, en Ocaña, la nevera de Medicina Legal no esté funcionando desde hace más de dos años y que los cuerpos de las víctimas deban ser enviados a Sardinata o Cúcuta, lo que genera altos costos para las familias. Muchas de estas familias son de Ocaña y no tienen los recursos para cubrir estos gastos. Es una violación a los derechos humanos. Hacemos un llamado urgente a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana, para que Ocaña cuente con una unidad básica de Medicina Legal, ya que somos la puerta de entrada de la subregión del Catatumbo y todo lo que ocurre en la subregión afecta directamente a nuestra ciudad", concluyó Bohórquez.

La crisis en el Catatumbo continúa siendo un desafío humanitario grave que requiere una respuesta urgente de las autoridades nacionales, locales y de la comunidad internacional para proteger los derechos de las víctimas y garantizar su bienestar.