¿Por qué la multa a Corpocesar llega casi a $2.000 millones?

Valledupar.

A través de la Resolución 483 de 2025, el Ministerio del Trabajo territorial Cesar impuso una multimillonaria multa a la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, por vulnerar derechos consagrados a garantizar el debido proceso de los sindicatos de la autoridad ambiental, conductas que se habrían presentado desde el año 2021.

La multa que en esta instancia ha determinado la territorial, a través del inspector Juan Luciano Olivella Díaz, asciende a $1.916.508.792. Luego de la muy posible apelación de Corpocesar, pasaría al despacho del director seccional del Ministerio del Trabajo, Jarib Gómez, ante quien debe presentar sus argumentos la corporación.

Mientras esto ocurre, pues Corpocesar tiene varios días para llevar a cabo esta tarea, el director de Mintrabajo dialogó con Radio Guatapurí para aclarar varios aspectos relacionados con este polémico caso de sanción por aspectos sindicales, que no tiene precedentes, por lo menos en lo que respecta al monto de la misma. Así fue como un proceso que estaba archivado salió a la luz, según expresó el funcionario.

“Es un hecho acaecido del año 2021-2022 y que estaba ad portas de este proceso de caducar y por consiguiente la directriz desde que llegamos ayer que tendríamos que sacar todos los procesos que estaban ad portas de caducar hicimos un plan de descongestión y estaba este proceso allí. Quiero decir y garantizar que la decisión tomada allí fue una decisión en derecho, una decisión en derecho con respeto a las garantías fundamentales”, dijo.

Esta resolución de sanción proviene de las quejas de dos sindicatos y sus respectivos representantes: Jonás Ortiz Ochoa, vocero de Sintracorpocesar, y Wilmen José Vásquez Molina, representante de Sintrambiente Subdirectiva Cesar, con quien las directivas de la corporación han tenido varias confrontaciones.

Lo que determinó el Ministerio del Trabajo, luego de evaluar la denuncia de los dos líderes sindicales, es que Corpocesar se negó a negociar con estos sindicatos, como sí lo hizo con Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado, Sunet, Subdirectiva Valledupar el 1 de octubre de 2022, lo cual quedó protocolizado a través de la Resolución 0480, con vigencia de 2 años. En una extensa lista de 65 puntos, el Ministerio explica cronológicamente lo sucedido, según el trabajo realizado por el inspector Olivella Díaz.

El asunto ha tenido origen en una serie de desacuerdos con respecto a la unificación de pliegos de condiciones para alcanzar convención colectiva entre Corpocesar y los tres sindicatos: Sintracorpocesar, Sintrambiente, Sindicato Unitario de Trabajadores del Estado. La situación evolucionó hasta convertirse en una queja por parte de los dos primeros, que derivó en la presente sanción del Ministerio del Trabajo en contra de la autoridad ambiental.

La queja de Sintracorpocesar y Sintrambiente llegó después de la firma de convención colectiva entre Corpocesar y Sunet. Nueve meses y algunos días después de los acuerdos en los cuales no fueron incluidos, Vásquez Molina y Ortiz Ochoa acudieron al Ministerio del Trabajo, lo que desencadenó la sanción.

Pero, ¿de dónde sale la cifra de la sanción económica en contra de Corpocesar? El director lo explicó en Radio Guatapurí, pero insistió en que, aunque respeta el criterio, la decisión fue tomada en primera instancia por un inspector del Mintrabajo.

“Por negativa negociar es un día de salario diario, desde el año 2022 hasta la fecha y se hace un cálculo de acuerdo al capital de la empresa y de la entidad. Corpocesar es una entidad que sus recursos financieros no sé cuánto será el presupuesto y el criterio. El ministerio aplica sanciones de acuerdo al número de personal  contratado vinculado con la entidad, el capital que maneja anualmente  por vigencia y de acuerdo  a los tiempos que dejó el sindicato de percibir la negociación por día es un día de salario mínimo”, afirmó el funcionario del Gobierno nacional.

Finalmente, Corpocesar tiene un periodo de 10 días contados desde la notificación de la decisión para acudir a su derecho de apelación, la cual llegará a manos del director territorial Jarib Gómez y posteriormente podría llegar al despacho del Viceministerio de Relaciones Laborales. Sin embargo, el funcionario resaltó que las ‘atentativas’ en contra de los derechos sindicales pueden provocar consecuencias penales, aunque en la Resolución 483 el inspector Juan Luciano Olivella Díaz no compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.