Vallledupar.
Ante la situación de las clínicas en la ciudad, algunas de ellas en proceso de reorganización empresarial y otras con esta intención ya cumplida, el director territorial del Ministerio del Trabajo, Jarib Gómez, manifestó su preocupación por el presente y futuro de los trabajadores de esas instituciones prestadoras de salud, IPS.
En diálogo con La Tribuna del Cesar, el director territorial cuestionó que, aunque es legal que cada empresa acuda a la metodología más adecuada para garantizar su supervivencia, son los trabajadores los que, a su modo de ver, perciben el mayor impacto negativo del asunto. “Esa es una práctica perversa”, así la calificó el recién nombrado director territorial.
“El problema que hoy padecen los trabajadores del sector salud en el departamento especialmente de las clínicas privadas, es un problema complejo, que no es solamente un tema laboral, es un tema ya de operación de estas clínicas, en virtud en que hoy al parecer estas clínicas están en una situación financiera y lo que hacen es entrar en procesos de reorganización, de liquidación, y cambian de razón social cada vez que entran en unas afugias económicas, constituyendo esto un detrimento en los derechos laborales de los de los trabajadores”, dijo el director.
Esta situación, según lo manifestado por el director, no solamente lo que respecta a la crisis financiera de las IPS, sino también lo que pasa con el bienestar laboral de los trabajadores, ha motivado que se realicen actuaciones por parte del Ministerio del Trabajo para hacer seguimiento a cada caso.
“Hemos venido realizando una serie de acciones, tenemos varias clínicas, la Clínica Cesar, tenemos procesos sancionatorios ahorita a la Clínica Buenos Aires, tenemos cuatro procesos sancionatorios allí por valor de $167 millones. Se han emitido ya sanciones por incumplimiento en las normas laborales en tema de riesgos y conflicto laboral como tal”, agregó el delegado del gobierno nacional en el territorio.
Es importante recordar que la reorganización empresarial es un mecanismo regulado por la Ley 1116 de 2006, mediante el cual las empresas con graves condiciones financieras establecen su salvamento. El proceso blinda a las organizaciones de embargos debido a sus acreencias con proveedores y, por supuesto, trabajadores, lo cual es visto como una estrategia que alivia a los empresarios, pero perjudica a los más débiles de la cadena, los ciudadanos de a pie.
“La Clínica Cesar, Clínica Valledupar, la Clínica Arenas o extinta Clínica Arenas, la Clínica Laura Daniela, son clínicas que han venido incumpliendo normas laborales. La Clínica Buenos Aires en el último episodio que se nos presentó allí que cambiaron de razón social”, manifestó el director territorial.
Por supuesto no hay que olvidar que las clínicas vienen padeciendo desde años atrás por los atrasos en los pagos por parte de las EPS. Los millonarios recursos adeudados por concepto de pacientes afiliados han acabado con más de una IPS en Colombia. Esta coyuntura de tipo financiero, y también de tipo político en el marco de las reformas del Gobierno nacional, las discusiones por la Unidad de Pago por Capitación, etc., mantienen en vilo a todos los que hacen parte de la gran cadena del sistema de salud en Colombia.
Finalmente, el director territorial aseguró a Radio Guatapurí que ha solicitado una mesa de trabajo al Ministerio de Salud para abordar con mayor profundidad el tema de Valledupar y los cientos de empleados que se encuentran pendiendo de un hilo y esperando pagos. Del mismo modo, saber cuál es la real situación de las clínicas, empresas que han nacido y crecido en la capital del Cesar, salvado vidas y generando empleo.