Mi Casa Ya…no

Había una vez un programa que funcionaba. Mi Casa Ya, creado en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, era el instrumento más efectivo que había tenido Colombia para acercar a las familias de bajos ingresos a su primer hogar: subsidios directos, cubrimiento de tasas de interés y una institucionalidad que jalaba al sector constructor con fuerza. Cuando llegó el gobierno Petro, lo primero que hizo fue modificar los requisitos del programa, cambiando el criterio de ingresos por la condición de Sisbén, lo que desordenó la demanda y desplomó las ventas.

Eso fue solo el aperitivo. En diciembre de 2024, el gobierno anunció la suspensión definitiva del programa Mi Casa Ya, argumentando limitaciones presupuestales; y así, con un acto de pluma, el sueño de la casa propia para miles de colombianos quedó archivado en un cajón burocrático.

La verdad, tan incómoda como incontrovertible, es que el desfinanciamiento de Mi Casa Ya no fue un accidente fiscal: fue una decisión. Mientras el gobierno Petro aumentó en un 14% los pagos efectivos para sostener su nómina burocrática, sacrificó programas de inversión claves para la reactivación económica, entre ellos los subsidios de vivienda. El presupuesto para vivienda se redujo un 39% para 2025, pasando de 4,3 billones de pesos a apenas 2,66 billones, y el Ministerio solo pudo garantizar 20.500 de los 50.000 subsidios prometidos. Un gobierno que engordó su aparato burocrático mientras dejaba a las familias más vulnerables sin acceso a su único camino hacia la propiedad no tiene autoridad moral para señalar a nadie.

Y sin embargo, ahí está el presidente Petro, fiel a su libreto, blandiendo el dedo acusador contra el Banco de la República. Petro afirmó que la caída en ventas de vivienda se debe al alza de las tasas de interés reales, insinuando incluso motivaciones políticas del banco central para frenar su gobierno. Lo que omite con calculada conveniencia es que esas tasas subieron precisamente porque su manejo fiscal disparó la inflación, y que el Banco de la República, en ejercicio de su mandato constitucional, no tuvo más remedio que actuar. Lo que olvida el presidente es que el salario vital incentivó la inflación, lo que forzó al banco a subir las tasas hipotecarias, y encima de eso, el gobierno desbarató Mi Casa Ya como represalia cuando el Congreso no le aprobó la reforma tributaria en 2024.

Lo que resulta más grave no es la crisis en sí —los ciclos económicos existen y los sectores se contraen— sino la absoluta ausencia de alternativas. Camacol lleva años pidiendo un plan de reactivación que nunca llega, mientras en agosto de 2024 el sector de la construcción fue el que más empleo destruyó en todo el país, con 84.000 puestos perdidos, de los cuales 47.000 eran trabajadores de base.

El gobierno anunció ese plan de reactivación desde julio de 2023 y jamás lo implementó. En lugar de políticas concretas, los colombianos reciben tuits presidenciales y exabruptos en universidades. Un mandatario que llama "pendejos" a quienes quieren comprar casa, que acusa de silencio cómplice a los gremios y que culpa al banco central de sus propios errores fiscales, no está gobernando: está escapando. Colombia merece un gobierno que construya soluciones, no uno que solo sepa demoler las que ya existían.