Valledupar.
La inconformidad por el incremento en los cánones de arrendamiento del Mercado Público de Valledupar generando reacciones encontradas entre comerciantes y la administración del centro de abastos.
Manuel José Martínez Barranco, comerciante y vocero de varios arrendatarios, denunció públicamente que la empresa Mercaupar aplicó el ajuste más alto permitido en los contratos, indexándolo al salario mínimo legal vigente más un punto, lo que representa, según él, una carga económica que “asfixia” a quienes dependen del comercio diario para su sustento.
El reglamento establece varias opciones para el ajuste: IPC, disposiciones del Gobierno o salario mínimo legal vigente, más un punto. “Esta es la medida más fuerte que podemos tener como comerciante… La empresa tomó la medida más elevada, la que le va a causar la que le va a causar una carga más fuerte a los comerciantes”, afirmó Martínez de Barranco, quien solicitó la instalación de una mesa de concertación para revisar una alternativa que no perjudique ni a la empresa ni a los arrendatarios.
“Solicitamos que se haga justicia, que tengamos equidad, que tengamos un trabajo digno… Hemos querido defender los derechos pero lo que hemos recibido son ataques personales con archivos del pasado, pero no van a silenciar mi voz”, aclaró el comerciante.
¿Qué responde Mercaupar?
Frente a estas reclamaciones, la gerente de Mercaupar, Lilian Zabaleta, explicó en diálogo con Radio Guatapurí que el incremento aplicado es legal y está claramente estipulado en los contratos de arrendamiento, los cuales fueron renovados el primero de enero del presente año.
“En los contratos se establece que el canon se ajusta con el salario mínimo más un punto, es decir, un 24%. No es una decisión arbitraria. Como gerente no puedo incumplir un contrato”, señaló Zabaleta.
La funcionaria agregó que cualquier modificación en los cánones debe estar sustentada en un estudio técnico, económico y financiero que garantice el equilibrio entre la sostenibilidad de la empresa y el bienestar de los comerciantes, teniendo en cuenta que Mercaupar, aunque es una empresa de economía mixta, administra recursos públicos y está bajo la vigilancia de los entes de control.
“Si bajamos los arriendos sin justificación técnica, eso podría interpretarse como un detrimento patrimonial. Además, muchos costos de la empresa, como la vigilancia, también están indexados al salario mínimo y este año han tenido incrementos significativos”, explicó.
En el mismo espacio radial, la gerente destacó avances en el mejoramiento de la infraestructura del mercado, como la inauguración de 320 metros de tablón para mejorar la movilidad y las condiciones de higiene, así como el proceso que se adelanta para individualizar el servicio de energía mediante medidores prepago, con el fin de que los comerciantes paguen únicamente por su consumo.
Finalmente, Zabaleta reiteró que la administración mantiene la disposición al diálogo y que el objetivo es dignificar el Mercado Público de Valledupar, mejorar su infraestructura y fortalecer las condiciones de los comerciantes, buscando que el centro de abastos esté a la altura de otros espacios comerciales de la ciudad.