Panorama actual: cifras alarmantes en 2025
El departamento del Cesar enfrenta en 2025 una de las crisis más graves de desnutrición infantil de la última década. Según datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), hasta el 4 de julio se han registrado 522 casos de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años, lo que representa un aumento del 4% respecto al año anterior y posiciona a Cesar como el octavo departamento más afectado del país entre 31 entidades territoriales.
Los casos se concentran en municipios rurales y comunidades indígenas. Por ejemplo, Curumaní pasó de 1 a 12 casos en un año (un incremento del 1.100%), mientras que Valledupar, la capital, registró un alza significativa al pasar de 108 a 144 casos.
Durante 2024, se confirmaron 12 muertes infantiles por causas asociadas a la desnutrición en Cesar. El 75% de estas víctimas eran niños de comunidades indígenas, como los Yukpa, Arhuaco, Kogui y Wayuu. La tasa de mortalidad se ubicó en 9,9 muertes por cada 100.000 menores de cinco años, una reducción del 45,5% respecto a 2023, aunque la carga sigue siendo alta y afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables1.
La desnutrición infantil en Cesar se manifiesta principalmente en los primeros 1.000 días de vida, un periodo crítico para el desarrollo físico y cognitivo. Entre los factores que agravan la situación destacan:
Baja prevalencia de lactancia materna exclusiva
Consumo temprano de leche de vaca
Recurrencia de infecciones
Deficiencia de micronutrientes esenciales (hierro, zinc, yodo, vitamina A), fenómeno conocido como “hambre oculta”
Consumo de alimentos ultraprocesados y baja disponibilidad de productos frescos y nutritivos, especialmente en zonas rurales e indígenas16
El difícil acceso geográfico, problemas de idioma y documentación en comunidades indígenas, y la baja adherencia a los controles médicos y nutricionales dificultan la atención oportuna1.
Ante esta crisis, el Gobierno del Cesar implementó un plan de fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional para 2025, con una inversión de $4.200 millones. Los recursos, provenientes del Ministerio de Salud, la Gobernación, EPS subsidiadas y EPS indígenas, se destinan a:
Mejorar la articulación intersectorial
Brindar asistencia técnica a los 25 municipios
Capacitar al talento humano en salud
Fortalecer el monitoreo y seguimiento de los casos
Integrar médicos tradicionales indígenas en los procesos de atención
Ejecutar estrategias comunitarias y programas de educación nutricional1
A nivel nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Ministerio de Salud han fortalecido la vigilancia y captación de casos a través de la estrategia de los “1.000 Días para Cambiar el Mundo” y los Centros de Recuperación Nutricional, con presencia en Cesar. Estas acciones buscan prevenir muertes evitables y apoyar la recuperación del estado nutricional de los niños menores de cinco años.
El Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) es el encargado de recopilar, analizar y divulgar semanalmente la información sobre desnutrición aguda en menores de cinco años. Esta vigilancia permite identificar tendencias, orientar la respuesta institucional y focalizar recursos en los territorios más afectados.
Sivigila ha reportado que la prevalencia de desnutrición aguda moderada o severa en menores de cinco años en Colombia fue de 0,67 casos por cada 100 niños en 2024, con las tasas más altas en zonas rurales, en menores de dos años y en población indígena, reflejando el patrón observado en Cesar8.
Aunque la mortalidad infantil por desnutrición ha disminuido, el incremento en la notificación de casos revela que la problemática persiste y se profundiza en contextos de pobreza, exclusión y barreras de acceso a servicios de salud y alimentación adecuada. La reducción de la mortalidad es un avance, pero el reto sigue siendo garantizar el derecho a la nutrición y el desarrollo integral de la infancia, especialmente en las zonas rurales e indígenas.
El abordaje de la desnutrición infantil en Cesar requiere un enfoque integral que combine políticas públicas efectivas, mayor acceso a alimentos de calidad, educación nutricional y la participación activa de las comunidades. Solo así será posible romper el ciclo de la malnutrición y la pobreza que afecta a miles de niños en el departamento.