La Guajira sangra mientras la paz total fracasa

La masacre número 37 en Colombia en lo corrido de 2026 ocurrió en Maicao, en el barrio Villa Mery, y tiene nombre y rostro: Rodrigo Junior Molina Rodríguez, de apenas 17 años; Camilo Perafán; Jassir Alain Manzur Sierra, de 21 años y de nacionalidad venezolana; y Jesús Pana Daza — tres de ellos pertenecientes a la etnia wayúu. Es la tercera masacre en La Guajira en lo que va del año. No es una estadística: es la evidencia más brutal de que el Estado colombiano ha perdido el control de este territorio, y de que la política de paz total del Gobierno Petro no solo no funcionó, sino que dejó el campo libre a los victimarios.

El modus operandi de los atacantes —quienes vestían prendas de camuflado y portaban brazaletes con iniciales de grupos ilegales— apunta a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en una retaliación directa por operativos militares ejecutados días atrás en zona rural de Uribia, donde fueron abatidos nueve integrantes de una estructura armada cercana al narcotraficante alias 'Naín' o 'Bendito Menor'. Esta cadena de violencia —golpe militar, retaliación contra civiles inocentes— es el resultado predecible de haber negociado con estructuras criminales que nunca tuvieron vocación de paz, sino de ganar tiempo, reagruparse y expandirse. La paz total les dio exactamente eso.

La respuesta institucional llega tarde y se queda corta. La Alcaldía de Maicao y la Gobernación de La Guajira ofrecieron una recompensa total de 200 millones de pesos, y el brigadier general Iván Gualdrón ordenó el envío inmediato de 60 policías y un equipo especializado en investigación. Recompensas y refuerzos: esa es la única respuesta disponible después de años de advertencias ignoradas. La Defensoría del Pueblo alertó del riesgo en 21 municipios de La Guajira, Cesar y Magdalena, donde los grupos armados han impuesto formas de gobernanza ilegal, pero el Estado reaccionó apenas cuando los cuerpos ya estaban en el suelo.

Lo que duele con especial crudeza es que entre las víctimas haya indígenas wayúu, jóvenes de una comunidad históricamente abandonada que hoy enfrenta no solo la pobreza y la sed, sino también la violencia más despiadada. La paz total prometió protegerlos; en cambio, los expuso. Grupos como el Clan del Golfo y las ACSN utilizaron los espacios de negociación para consolidar territorios, reclutar menores y sembrar el terror con una impunidad que hoy se llama masacre. Normalizar que los wayúu sean víctimas colaterales de retaliaciones criminales es otra forma de decirle a ese pueblo que sus vidas no importan.

Mientras los cadáveres de las víctimas esperan por justicia y los sicarios caminan libres por las calles, la única certeza que tienen los maicaeros es que si nadie habla, esta masacre quedará impune, y la próxima podrá ser en cualquier otro barrio, a cualquier otra hora. Cabe preguntarle al Gobierno nacional: ¿cuántas masacres más necesita La Guajira para que el Estado asuma su deuda histórica con este departamento? El próximo presidente de Colombia no puede llegar a la Casa de Nariño con la misma hoja de ruta del fracaso. La Guajira no aguanta más promesas. Aguanta cada vez menos muertos.