La crisis del arroz, sin solución a la vista

La crisis del sector arrocero en Colombia parece haber llegado a un punto de no retorno.

Según nuestro analista económico José Antonio Larrazábal, esta crisis se origina en una combinación de factores estructurales que han debilitado la competitividad de los productores frente a las importaciones. Los Tratados de Libre Comercio (TLC), especialmente con Estados Unidos, han permitido la entrada de arroz a precios más bajos, aprovechando la expiración de las salvaguardas arancelarias.

Durante los años en que estas medidas estuvieron vigentes, no se invirtió lo suficiente en modernización tecnológica, acceso a créditos ni apertura de mercados internacionales, dejando a los productores en desventaja.

Los altos costos de producción, que incluyen insumos, fertilizantes y transporte, contrastan con los precios de importación, lo que reduce los márgenes de ganancia. Este sector es vital para la economía rural, generando alrededor de 150,000 empleos directos e indirectos, según la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), y es un pilar de la soberanía alimentaria, ya que el arroz representa el 20% del consumo calórico promedio de los colombianos, de acuerdo con el DANE. En nuestra región, el cultivo del arroz es uno de los que mayores fuentes de trabajo genera, muy por encima de otras actividades agrícolas como la ganadería.

El gobierno de Gustavo Petro ha implementado medidas de corto plazo para mitigar la crisis, como la resolución del Ministerio de Agricultura que establece un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde, oscilando entre 188,000 y 202,000 pesos por carga, según la región. Esta iniciativa, que busca garantizar un ingreso básico para los productores, ha sido bien recibida, pero tanto Larrazábal como Fedearroz, coinciden en que los precios fijados no cubren las pérdidas actuales, ya que los costos de producción en muchas zonas superan los 250,000 pesos por carga. Además, el gobierno ha planteado subsidios e incentivos, pero estas medidas no abordan los problemas estructurales, como la falta de competitividad y la dependencia de importaciones. Larrazábal subraya la necesidad de alianzas con molineros, quienes compran el arroz a los productores, para compartir la carga de la crisis y mejorar los costos de producción. Sin embargo, la ausencia de políticas de largo plazo, como la inversión en tecnología agrícola y la apertura de mercados externos, limita el impacto de estas propuestas.

Otro factor que agrava la crisis es la llegada de contingentes de arroz de contrabando de Ecuador y Perú, muchos de ellos que no son producidos en tales países, sino en el sureste asiático a muy bajo precio y de menor calidad, y que son mezclados en dichos países en lo que se conoce como dumping o contrabando técnico.

Si la crisis se agudiza, los pequeños productores, que representan el 80% de los arroceros según Fedearroz, serían los más afectados, enfrentando el riesgo de quiebra. En departamentos como Cesar y La Guajira, donde el cultivo de arroz es una fuente clave de empleo e ingresos, el impacto sería devastador. Cesar, que aporta cerca del 15% de la producción nacional de arroz, y La Guajira, con un creciente sector agrícola, podrían experimentar un aumento del desempleo y la pobreza rural, afectando a miles de familias que dependen de esta actividad. La reducción de la producción local incrementaría la dependencia de importaciones, comprometiendo la soberanía alimentaria y encareciendo los alimentos básicos para los consumidores. Además, como señala Larrazábal, el caso del arroz es una advertencia para otros sectores, como el lácteo, que enfrentarán desafíos similares con la eliminación de aranceles en 2026.

En conclusión, la crisis arrocera evidencia una década de descuido en la preparación del sector frente a los TLC y la globalización. Las medidas del gobierno Petro, aunque necesarias, son paliativos que no resuelven los problemas de fondo. Es imperativo implementar un plan integral que incluya inversión en tecnología, acceso a financiamiento y estrategias de exportación, involucrando a productores, molineros y distribuidores. De no actuar con urgencia, el colapso del sector arrocero en regiones como Cesar y La Guajira no solo agravará la inseguridad económica de miles de familias, sino que también pondrá en jaque la capacidad de Colombia para garantizar su seguridad alimentaria, un riesgo que el país no puede permitirse.

En la famosa canción de Diomedes Díaz con Colacho Mendoza, “Lo mismo me da”, de autoría de Armando Zabaleta, dice el cacique al final “oye Bolívar Cuello, vamos a sembrar arroz, porque esto está malo”, reflejando la necesidad de buscar alternativas a una situación problemática. Pareciera que al gobierno Petro “lo mismo le da” que se quiebren los arroceros de Colombia.

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