Juez de EE. UU. sanciona a abogado Terry Collingsworth por ocultar pruebas en caso contra Drummond

Birmingham, Alabama.

Un juez del Tribunal del Distrito Norte de Alabama, R. David Proctor, impuso una fuerte sanción al abogado Terrence P. Collingsworth y al bufete Conrad & Scherer (C&S) por destruir y ocultar pruebas en los litigios contra la multinacional minera Drummond.

La decisión, emitida el 20 de mayo de 2025, responde a una moción presentada por Drummond, que acusó a Collingsworth de realizar pagos a testigos para obtener testimonios en su contra en casos relacionados con presuntos asesinatos en Colombia. El fallo detalla que Collingsworth, quien lideró demandas contra Drummond desde 2003, desechó dispositivos clave, como una MacBook regalada a su sobrina en 2013, un iPad reciclado en agosto de ese año y un disco duro externo Seagate que desapareció sin explicación.

Estos dispositivos contenían información relevante sobre pagos a siete testigos, incluyendo a Jaime Blanco, alias El Tigre y alias El Samario, quienes habrían cambiado sus testimonios tras recibir sumas que, en algunos casos, alcanzaron los 60,000 dólares (aproximadamente 240 millones de pesos de hoy). El juez destacó que estas acciones ocurrieron después de que Drummond solicitara documentos en 2013, evidenciando un intento deliberado de ocultar pruebas.

¿En qué consiste la sanción?

La sanción ordenada por el tribunal consiste en una instrucción adversa al jurado en los casos de difamación (No. 2:11-cv-03695) y RICO (No. 2:15-cv-00506). En el juicio, se permitirá al jurado presumir que la información perdida en los dispositivos de Collingsworth era desfavorable para los demandados, lo que podría debilitar su posición en los procesos. Además, el tribunal señaló que Collingsworth hizo declaraciones falsas durante las audiencias, como negar pagos a testigos en abril de 2014, a pesar de que Drummond demostró que estos seguían ocurriendo.

El caso tiene su origen en demandas presentadas por Collingsworth en nombre de herederos de sindicalistas asesinados por las AUC en 2001, quienes alegaban que Drummond financió a este grupo paramilitar para proteger sus operaciones mineras en el departamento del Cesar.

La decisión refuerza la narrativa de Drummond, que ha sostenido que las acusaciones en su contra fueron fabricadas mediante sobornos a testigos. El juez dejó abierta la posibilidad de imponer sanciones adicionales, como costos legales, tras el juicio.

La controversia sobre la relación de Collingsworth con C&S también quedó en entredicho, ya que el bufete argumentó que no debería ser responsabilizado por las acciones del abogado. Sin embargo, el tribunal determinó que la cuestión de si Collingsworth actuó como agente de C&S debe resolverse en el juicio, lo que podría ampliar la responsabilidad del bufete. Este fallo representa un duro revés para Collingsworth, cuya credibilidad ha sido cuestionada, y subraya la importancia de la transparencia en procesos judiciales de alto perfil.