De la esperanza al desencanto: el reto en Colombia es gobernar sin politiquería

Por Juan Abuchaibe*

La democracia colombiana enfrenta una crisis estructural sin precedentes en las últimas dos décadas. Según el Índice de Democracia de The Economist (2024), Colombia ha experimentado un retroceso sostenido, situándose al borde de pasar de una “democracia defectuosa” a un “régimen híbrido”. Este deterioro refleja factores endémicos: corrupción sistémica, impunidad generalizada y un sistema judicial que, en amplios sectores, carece de eficacia operativa. En 2023, por ejemplo, solo el 14% de los más de 9 millones de víctimas registradas del conflicto armado habían recibido reparaciones bajo la Ley de Víctimas de 2011, evidenciando la lentitud y las limitaciones del sistema para garantizar justicia. Estos males han erosionado la confianza ciudadana, transformando las promesas de cambio en ilusiones efímeras.

Las elecciones presidenciales de 2022 marcaron un punto de inflexión, reflejando el profundo desencanto con los partidos tradicionales, caracterizados por prácticas clientelistas y una desconexión crónica con las necesidades populares. El gobierno de Iván Duque (2018-2022) enfrentó críticas por su manejo de las protestas sociales de 2019 y 2021, donde se reportaron abusos policiales, y por su incapacidad para implementar plenamente el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC. Este contexto de desigualdad agravada por la pandemia, con un aumento de casi medio millón de personas en pobreza en 2020, y la percepción de corrupción en programas sociales, como los destinados a la nutrición infantil en La Guajira, impulsaron la victoria de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país. Petro y su vicepresidenta, Francia Márquez, capitalizaron el clamor por cambio con promesas de reducir la desigualdad, fortalecer la paz y priorizar a las comunidades marginadas.

Sin embargo, la esperanza de transformación se ha visto frustrada por dinámicas de politiquería y limitaciones estructurales del Estado. Regiones como Chocó, La Guajira y el Bajo Cauca antioqueño ilustran esta ausencia estatal. En La Guajira, al menos 32 niños menores de cinco años, mayoritariamente wayuu, murieron en 2021 por causas asociadas a la malnutrición y la falta de agua potable, pese a programas gubernamentales plagados de corrupción. En Chocó, la violencia entre el ELN y el Clan del Golfo ha generado crisis humanitarias, con miles de desplazados en 2022, mientras el gobierno lucha por establecer presencia efectiva. En el Bajo Cauca, la producción de coca alcanzó niveles históricos en 2022, alimentada por la inseguridad y la falta de alternativas económicas. Estos ejemplos reflejan un Estado incapaz de garantizar derechos fundamentales, relegando a millones a una ciudadanía meramente simbólica.

El núcleo de esta crisis no reside en disputas ideológicas, sino en la ruptura del pacto democrático que debería vincular a los representantes con los intereses colectivos. La desconexión entre el gobierno central y las regiones, agravada por la corrupción, ha generado un terreno fértil para oportunistas. En 2023, escándalos de corrupción golpearon al gobierno de Petro, incluyendo acusaciones contra su hijo Nicolás y su hermano Juan Fernando por lavado de dinero y posibles nexos con narcotraficantes, así como el caso “Mágnate”, que involucró a figuras cercanas al presidente en financiamiento irregular de campañas. Estos eventos han dañado la credibilidad de Petro, cuya aprobación cayó al 26% en 2025, según Bloomberg. La reciente convergencia del Polo Democrático Alternativo con el Pacto Histórico busca articular una oposición unificada para las elecciones de 2026, pero enfrenta obstáculos como la fragmentación política y la polarización social, exacerbada por narrativas simplistas en redes sociales.

La polarización, alimentada por discursos de odio y desinformación, ha debilitado el tejido social y obstaculizado el diálogo para construir consensos. Según un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP, 2024), el 62% de los colombianos considera que la desinformación influye decisivamente en su percepción de la política. Además, entre enero y septiembre de 2022, FLIP registró 385 incidentes de violencia y acoso contra periodistas, lo que limita la libertad de prensa y fomenta la autocensura. Esta dinámica subraya la urgencia de fortalecer la educación cívica y promover una participación política informada.

El futuro de Colombia depende de una ciudadanía activa y de instituciones capaces de garantizar justicia, equidad y presencia estatal. Reformas concretas son imperativas: combatir la compra de votos, garantizar la transparencia en el financiamiento de campañas y fortalecer la independencia judicial. Las elecciones regionales de 2023, donde la Misión de Observación Electoral (MOE) reportó más de 1.200 denuncias por posibles delitos electorales, evidencian la persistencia de estas prácticas. Además, la crisis institucional de 2023-2024, marcada por tensiones entre Petro y la fiscalía general, destacó la necesidad de proteger la autonomía judicial, como se vio en el polémico proceso de elección de la fiscal general Luz Adriana Camargo.

El cambio genuino no surgirá de liderazgos mesiánicos ni de retórica grandilocuente, sino de una sociedad comprometida y un Estado funcional que priorice el bienestar colectivo. Colombia no puede seguir atrapada en el ciclo de la politiquería. La pregunta es clara: ¿persistiremos en la inercia de la desconfianza, o asumiremos el desafío de construir una democracia que represente a todos?