Bogotá.
Pedro Loperena, reconocido líder de la etnia wiwa y exconcejal de Valledupar, se declaró sorprendido por la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los 11 militares que reconocieron haber asesinado a la niña de la etnia, Nohemy Esther Pacheco y a su compañero, el kankuamo Hermes Enrique Carrillo, un falso positivo ocurrido el 9 de febrero de 2005 en zona rural de Valledupar.
La JEP declaró a los exmilitares como no máximos responsables del crimen en persona protegida que estos cometieron para presentarlos como miembros de un grupo subversivo y para ello simularon un combate, dispararon sus armas largas e impactaron a los indígenas en estado de indefensión.
En consecuencia, valoró que los exmilitares dijeran la verdad de cómo acabaron con la vida de estas personas y renunció a la persecución penal, así como solicitó la eliminación de los antecedentes de los autores materiales del crimen, en el marco de la justicia transicional.
“Para nosotros, como pueblo indígena, para las víctimas, verdaderamente es un comunicado que no es tan satisfactorio porque frente a esto, si bien los señores comparecientes manifestaron hasta donde pudieron acordarse, hasta donde ellos pudieron ser sinceros, más que con nosotros, con ellos mismos”, afirmó Loperena.
El líder wiwa reprochó que, aunque los militares pidieron perdón a las víctimas en Atanquez y narraron los hechos con terribles detalles, las reparaciones hasta ahora han sido simbólicas y el pueblo indígena requiere que el Estado colombiano repare de manera integral a las familias de las víctimas.
“Las familias sí teníamos necesidades antes de que esto sucediera, pero este hecho sumerge a las víctimas en un océano de necesidades sociales increíbles que llevó a empobrecer y arrebatar y arrancar sueños de raíz y sumergió a estas familias en una miseria”, afirmó el exconcejal.
El reproche de Pedro Loperena, igual que el de muchos indígenas que reclaman la reparación integral, es que el Estado ha dicho siempre que las víctimas son el centro de los Acuerdos de Paz logrados en La Habana, Cuba, y que por consiguiente todos los esfuerzos realizados por el Gobierno nacional, sea quien sea el presidente, deben priorizar a las comunidades con acceso a la tierra y otros beneficios, pero esto no ocurre.
“El proceso de paz uno siente que se construyó para beneficiar a los que estaban en enfrentamiento o en combate armado. Las víctimas no fueron tenidas tan en cuenta, aunque usaron el discurso para poder decir que las víctimas son el centro del Acuerdo de la Paz, pero si somos el centro, si somos tan apreciados, si somos verdaderamente los que más se cuidan allí, debieron pensar en reparar el daño, tanto simbólico como administrativo, sobre la afectación del conflicto armado”, concluyó.