Secretario General de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, en medio de escándalo de presunta compra de votos

Riohacha.

Hay historias de corrupción que comienzan con un maletín sospechoso, con una llamada grabada, con un testigo nervioso. Esta comenzó de una manera más clásica y más colombiana: con un retén de la Policía Nacional en una carretera polvorienta de La Guajira, y con un escolta que no supo qué decir cuando le preguntaron qué llevaba en los sobres.

Todo ocurrió este lunes 2 de marzo de 2026. En la vía Distracción-Cuestecitas, una patrulla policial detuvo un vehículo Toyota Corolla de color gris. Al volante iba Luis Alfredo Acuña Vega, escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y asignado nada más y nada menos que al esquema de seguridad de Jaime Luis Lacouture Peñaloza, secretario general de la Cámara de Representantes y uno de los hombres con más poder logístico y administrativo del Congreso colombiano.

Lo que encontraron los agentes dentro del vehículo no era ningún artículo de contrabando menor ni alguna infracción de tránsito. Eran siete sobres de manila con $145 millones en efectivo y un paquete de propaganda electoral a favor del representante a la Cámara Daniel Restrepo, candidato conservador al Senado, ficha política del polémico senador Carlos Trujillo, de Antioquia.

El escolta que sabe demasiado

Acuña Vega no viajaba en un vehículo oficial de la UNP. Según confirmó el propio director de la entidad, Augusto Rodríguez, el carro particular en que se desplazaba no hace parte de la flota de la Unidad Nacional de Protección. Es decir: un funcionario pagado con dinero público, asignado a proteger a uno de los funcionarios más influyentes del Legislativo, usó un automóvil privado para moverse por una carretera guajira cargado de millones en efectivo. Una imagen que, en cualquier país con rendición de cuentas real, sería suficiente para encender todas las alarmas.

Lo que Acuña Vega tampoco pudo explicar fue la propaganda. Los tarjetones y el material pedagógico de campaña encontrados en el vehículo pertenecían a Daniel Restrepo, candidato al Senado por el Partido Conservador. Según un investigador consultado por El Tiempo, lo más inquietante del hallazgo no era solo el dinero: era la combinación. "Se encontraron tarjetones pedagógicos, una práctica de compra de votos para inducir al elector", señaló la fuente.

Los nombres en los sobres: un mapa político de La Guajira

El acta de inspección del procedimiento reveló los nombres escritos en los siete sobres: Dévora Barros, 'Beba' Ramírez, Kevin Cantillo, Ghandy R., Rosa Pacheco, Edwin Solano y Cristian Bermúdez. Las autoridades ya lograron identificar plenamente a tres de ellos. Los demás están siendo indagados, y no se descarta que se estén usando los nombres de figuras políticas reconocidas de la región.

El director de la Policía Nacional, William Rincón, fue más directo al confirmar la captura: los sobres estaban marcados no solo con nombres de personas, sino también con nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que en criterio de las autoridades apuntaría a "una posible estructura para la comisión de delitos electorales".

Lacouture: el hombre que no contesta

Jaime Luis Lacouture no es un funcionario cualquiera. Es el secretario general de la Cámara de Representantes, lo que en términos prácticos lo convierte en el eje administrativo del poder legislativo: controla la agenda, los procesos, el personal. Viene de una de las castas políticas más arraigadas de La Guajira: su madre, Cielomar Peñaloza de Lacouture, es la alcaldesa de Villanueva, el mismo municipio que aparece vinculado al contexto de este escándalo.

Cuando los periodistas de los medios nacionales intentaron comunicarse con Lacouture para preguntarle por qué su escolta personal circulaba con $145 millones en efectivo y propaganda de un candidato conservador, la respuesta fue el silencio. Un silencio que, en tiempos electorales, dice más que cualquier declaración.

La UNP: ¿protectora o correa de transmisión?

Aquí es donde la historia adquiere una dimensión institucional que incomoda. La Unidad Nacional de Protección fue creada para salvaguardar la vida de quienes enfrentan amenazas reales: líderes sociales, periodistas, funcionarios en riesgo. Sus escoltas son agentes del Estado, pagados con recursos públicos, entrenados y asignados bajo protocolos de seguridad.

Que un escolta de la UNP aparezca transportando ciento cuarenta y cinco millones de pesos en efectivo, en un vehículo particular, acompañado de propaganda electoral, en época de campaña, en el departamento de La Guajira —epicentro histórico del clientelismo y la compra de votos en Colombia— no es un accidente. Es, como mínimo, una falla institucional gravísima. Como máximo, una complicidad que las autoridades deberán determinar.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, anunció de inmediato la apertura de una investigación interna. Rodríguez tiene la obligación de explicar cómo un escolta bajo su mando terminó en esa situación, y si existió algún tipo de instrucción, omisión o encubrimiento por parte de sus superiores en la cadena de mando. La pregunta que nadie en la UNP ha querido responder con claridad es sencilla pero devastadora: ¿sabía alguien más lo que llevaba ese carro?

El candidato que "no sabía nada"

Daniel Restrepo reaccionó rápido y con el manual de crisis bajo el brazo: negación total, victimización y contraataque. A través de su campaña, aseguró que desconocía el tema y que lo que había ocurrido era un intento de afectar su buen nombre: "Rechazamos de manera categórica cualquier insinuación que nos vincule con la compra de votos o cualquier práctica ilegal. Nuestra campaña se basa en la honestidad y el respeto por la democracia", señaló.

La afirmación resulta, cuanto menos, llamativa. La propaganda de Restrepo no apareció en un basurero ni en una imprenta. Apareció en el mismo vehículo, en el mismo momento, en el mismo procedimiento que los $145 millones. Explicar esa coincidencia requiere algo más que una declaración de buenas intenciones.