A prisión domiciliaria: Fiscalía imputa a delegada de Petro en la UPC por falsedad en título universitario

Bogotá.

Horas después de que la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, anunciara que radicó ante la Judicatura la solicitud formal de imputación a Juliana Guerrero por presuntamente haber incurrido en falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, la Fundación Universitaria San José envía informe de auditoría interna a la Fiscalía.

La expedición al parecer irregular de títulos académicos ha metido en líos a la que hasta el año pasado estuvo a punto de colocarse en el viceministerio de la Juventud. Ahora deberá enfrentar un proceso judicial, en caso de que la formulación de cargos se haga efectiva y esto incluye a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación San José.

Y el panorama puede ser más adverso, pues la Fiscalía también solicitó que Juliana Guerrero sea cobijada con medida de aseguramiento en detención domiciliaria, lo cual deberá ser ordenado por un juez de control de garantías en la eventual audiencia concentrada.

Según la Fiscalía, y así se ha debatido el último año a nivel nacional, existen elementos para asegurar que la cesarense Juliana Guerrero habría obtenido su título profesional sin cumplir plenamente los requisitos exigidos, y aun así fue designada como representante del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, UPC.

Ante este nuevo episodio en el caso, la Fundación Universitaria San José se pronunció ante medios nacionales. El claustro universitario aseguró que ha tomado y seguirá tomando decisiones internas con respecto al espinoso caso.

“Respetuosamente solicitamos a la Fiscalía General de la Nación seguir actuando con la mayor diligencia posible en este caso. Así mismo, se tomarán las acciones internas pertinentes. Se espera que esta información siga contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de responsabilidades individuales frente a acciones que afectan de manera grave a los miembros de la comunidad universitaria", dijo la universidad a medios nacionales.

Cabe recordar que la San José ya había anunciado que acataría el fallo judicial emanado el 28 de enero de 2026 con el cual se le conminó a entregar información sobre egresados vinculados con el Estado. Este lunes, 9 de febrero, la universidad realizó la entrega de los resultados y conclusiones preliminares de la auditoría mencionada. La representante a la Cámara, Jenifer Pedraza, ha encabezado esas denuncias y en los hallazgos, al parecer hay 779 egresados con posibles inconsistencias.

Mientras tanto, denuncias vienen y van, y Juliana Guerrero sigue siendo la representante del presidente en el CSU de la UPC.