Valledupar.

El panorama judicial en el departamento del Cesar ha tomado un giro inesperado en un caso que lleva más de cuatro años causando controversia: la agria disputa entre el periodista José Manuel Vega de la Cruz (director del extinto medio El Periódico) y el exfuncionario Andrés Arturo Fernández Cerchiario.

En una diligencia presidida por el Juez 103 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Jorge Luis Ávila, se declaró la legalidad de la imputación de cargos contra el periodista José Manuel Vega de la Cruz. Al comunicador se le señala como presunto autor del delito de extorsión agravada, según lo previsto en los artículos 244 y 245 (numeral 7) del Código Penal Colombiano. VEA AQUÍ EL ACTA DE LA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN

Los antecedentes: Un choque entre el periodismo y el poder

Los hechos que originaron este proceso se remontan a finales de 2021. Según el ente acusador, Vega de la Cruz, quien fungía como director del medio digital El Periódico, habría exigido sumas de dinero al entonces director del Área Metropolitana de Valledupar, Andrés Arturo Fernández Cerchiaro, a cambio de no publicar información comprometedora relacionada con presuntas irregularidades en la contratación pública.

El caso ha estado marcado por una fuerte polarización mediática. Mientras que sectores cercanos a la presunta víctima sostienen que hubo un uso indebido de la labor periodística para fines económicos, organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) han expresado su preocupación, sugiriendo que el proceso podría ser una forma de acoso judicial derivado de las investigaciones que Vega realizaba sobre altos funcionarios del departamento del Cesar.

Defensa agotó recursos para frenar la audiencia

La diligencia de imputación no estuvo exenta de tropiezos procesales. La defensa contractual del periodista, liderada por los abogados Javier Augusto Torres López y Mauricio Pava Lugo, agotó diversos recursos y mecanismos con el fin de dilatar la actuación. Entre las maniobras se incluyeron solicitudes de cambio de radicación alegando falta de garantías en el distrito judicial del Cesar e impugnaciones de competencia que obligaron a que el caso llegara incluso a instancias superiores.

Sin embargo, tras analizar el acervo probatorio, la Fiscalía 09 Especializada, bajo la dirección de Leonardo Rojas Pérez, consideró que existían méritos suficientes para proceder con la vinculación formal del periodista al proceso penal. El juez de garantías, tras verificar la presencia de las partes y la claridad de la exposición fiscal, dio por surtida la comunicación de cargos.

El procesado no aceptó cargos

Durante la audiencia, José Manuel Vega de la Cruz manifestó de manera tajante: "NO ACEPTO LOS CARGOS". Al no allanarse a la imputación, el comunicador pierde los beneficios de rebaja de pena por aceptación temprana, los cuales le fueron explicados por el fiscal.

¿Qué sigue en el proceso penal?

Con la imputación legalmente declarada, el proceso entra en una fase crítica:

1. Restricción de bienes: Se ordenó al Centro de Servicios Administrativos notificar la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro por un término de seis meses, conforme al artículo 97 del Código de Procedimiento Penal.

2. Presentación de acusación: El Fiscal tiene ahora un término de ley para presentar el escrito de acusación formal ante un Juez de Conocimiento.

3. Juicio Oral: De mantenerse la postura de no aceptación de cargos, se dará inicio a las audiencias preparatorias y, posteriormente, al juicio oral donde se determinará la responsabilidad penal del periodista.

Este caso continúa bajo la lupa de la opinión pública nacional e internacional, dado el delicado equilibrio entre la lucha contra la extorsión y el respeto a la libertad de prensa en Colombia.