Valledupar.
En el marco del estudio del presupuesto de rentas, gastos e inversiones del departamento del Cesar para la vigencia 2026, la Asamblea Departamental conoció el pasado martes 21 de octubre los recursos proyectados para el sector salud, que ascienden a $89.988 millones, y dentro del debate se reveló la intención del Gobierno del Cesar de entregar la operación del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar (IDREEC) a una unión público-privada (UPP), como salida a la crisis que atraviesa la entidad.
La secretaria de Salud, Georgina Paola Sánchez Daza, explicó que la propuesta se planteó luego de una reunión entre la gobernadora del Cesar, los directivos del IDREEC y el Ministerio de Trabajo, donde se discutió la posibilidad de vincular un aliado privado que asuma los pasivos laborales, estimados en más de $5.000 millones, y que realice nuevas inversiones en infraestructura y servicios.
Mientras se concreta este proceso, la funcionaria anunció que se ejecuta un convenio por $600 millones destinado al pago del personal hasta diciembre, con el objetivo de mantener la operación del instituto mientras avanza el diseño de la alianza.
“La decisión ya fue adoptada por la Gobernación, pero la gobernadora convocará al sector público para conocer si aceptan o no las condiciones de la unión público-privada”, precisó Sánchez Daza ante los diputados.
El anuncio generó reacciones en la corporación. El diputado Jesús Suárez cuestionó la viabilidad de la propuesta y pidió un análisis más profundo antes de comprometer la operación del instituto.
“No me cabe en la cabeza que un privado asuma pasivos de más de cinco mil millones y opere en una infraestructura con deficiencias. Las empresas interesadas tendrán que presentar estudios técnicos y financieros rigurosos”, expresó el corporado.
Presupuesto de salud supera los $89.900 millones
Durante la sesión, la secretaria detalló que el presupuesto total de la Secretaría de Salud del Cesar para el año 2026 asciende a $89.988 millones, de los cuales $78.000 millones corresponden a inversión y $11.905 millones a gastos de funcionamiento.
Los recursos provienen de diferentes fuentes, entre ellas el Sistema General de Participaciones (SGP), rentas cedidas, el monopolio de licores y recursos propios del departamento.
Entre las principales destinaciones figuran:
Sánchez Daza explicó que en la actualidad cursan en la Oficina de Planeación seis proyectos de dotación hospitalaria, entre ellos el del Hospital San Andrés de Chiriguaná, priorizado para recibir recursos. Además, indicó que se están adelantando gestiones para acceder al desahorro del Fonpet, con el fin de apoyar el saneamiento fiscal de los hospitales públicos del departamento.
Inversiones hospitalarias pendientes
Durante el debate, la diputada Claudia Margarita Zuleta pidió claridad sobre las apuestas de inversión en infraestructura y saneamiento fiscal, señalando que los recursos actuales cumplen las funciones delegadas por la Ley 715, pero no reflejan una estrategia de fortalecimiento estructural ante la crisis hospitalaria.
La secretaria respondió que el Ministerio de Salud ha priorizado un proyecto de $166.000 millones para los cuatro hospitales del departamento, el cual sería el primero en recibir asignación de recursos para vigencias futuras.
Mientras tanto, el debate en la Asamblea continuará con la revisión del Proyecto de Ordenanza 016, que define la destinación de los recursos del departamento para el próximo año y en el que el área de salud se mantiene como uno de los sectores con mayor inversión pública.