¡Hay silencios que inquietan!

El silencio, en política, nunca es neutro. Y cuando ese silencio proviene de las altas cortes y del Congreso de la República de Colombia, deja de ser prudencia para convertirse en una toma de posición tan clara como irresponsable.

La arremetida de Donald Trump contra Colombia - con amenazas abiertas, insinuaciones de intervención militar y descalificaciones sin sustento jurídico ni político- no puede leerse como una simple provocación de campaña. Se trata de una intromisión extranjera inadmisible y de un ataque directo al Estado colombiano. No al presidente como individuo, no a un gobierno circunstancial, sino a la soberanía nacional y al sistema democrático que lo eligió.

Frente a ese atropello, resulta revelador que hayan sido sectores de la oposición quienes reaccionaron con mayor claridad y firmeza, denunciando el abuso y defendiendo la institucionalidad. Lo hicieron no por afinidad ideológica con el Ejecutivo, sino por una convicción elemental: Colombia no es un país tutelado ni una democracia de segunda categoría. Ese pronunciamiento honra el debate democrático.

Lo verdaderamente grave es el mutismo del Congreso y de las altas cortes. Colombia no es Venezuela, y precisamente por eso resulta alarmante que quienes están llamados a custodiar el orden constitucional opten por callar. Ese silencio no puede entenderse como cautela diplomática ni como respeto por las formas. Es, en realidad, una señal inquietante de que el odio político al presidente Gustavo Petro está pesando más que el interés general de la Nación.

Callar ante una amenaza externa no es solo desconocer al jefe del Estado. Es desconocer a más de once millones de ciudadanos que lo eligieron democráticamente. Es enviarle un mensaje implícito -pero inequívoco- a Trump: que su amenaza no incomoda, que su desdén encuentra eco en el resentimiento interno. En términos institucionales, ese silencio equivale a decir: estoy de acuerdo contigo.

Conviene recordarlo con claridad: cuando un actor extranjero amenaza al presidente de la República, amenaza al Estado colombiano. Y quien guarda silencio frente a ese ataque no se ubica en una falsa neutralidad, sino en una peligrosa omisión. El desacuerdo con el Ejecutivo no exonera a ninguna rama del poder de su deber superior: defender la soberanía, la autodeterminación y la democracia.

Este no es un momento para saldar rencores ideológicos ni para ajustar cuentas electorales. Es un momento histórico que exige unidad institucional, carácter republicano y sentido de Estado. La democracia no se defiende a conveniencia, ni según simpatías políticas.

Hoy, el Congreso y las altas cortes no quedan simplemente en deuda: quedan retratados. Su silencio no es prudencia, es claudicación; no es institucionalidad, es mezquindad política. Al callar frente a una amenaza extranjera, no solo desconocen a un presidente elegido democráticamente, desconocen a once millones de ciudadanos y debilitan al Estado que dicen defender. En los momentos decisivos, la historia no juzga las excusas ni los silencios estratégicos: juzga quiénes estuvieron a la altura y quiénes prefirieron que el odio político hablara por ellos. Y en esta hora crítica, ese silencio no defiende a Colombia: la expone.