Opiniones divididas por declaratoria de ‘La Gran Reserva de la Sierra Nevada’: ¿los mismos errores del pasado?

Valledupar.

Opiniones divididas ha generado la resolución del Ministerio de Ambiente que establece la declaratoria de una Reserva de Recursos Naturales Renovables de Carácter Temporal sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, con una extensión total de 942.005 hectáreas, y que afecta drásticamente el ordenamiento territorial principalmente en Valledupar, en donde se afectan 220.082 hectáreas.

Por un lado, el cabildo gobernador kankuamo, Jaime Luis Arias Ramírez, celebró la decisión del Gobierno nacional, pues con esta se reconoce la importancia del cuidado de la naturaleza y reivindica los derechos de los pueblos indígenas. El líder de esta etnia aseguró que el Gobierno Petro ha beneficiado a las comunidades rurales de manera histórica.

“Hay un paso muy histórico e importante de este Gobierno que de alguna forma a nosotros como pueblos indígenas hemos ido también aportando a la protección integral del territorio de la Sierra Nevada, no sólo para los pueblos indígenas, sino también para la garantía de mantener este ecosistema muy valioso para Colombia y para el mundo. Y por supuesto, en el marco de este Gobierno se han podido avanzar sustancialmente muchos derechos”, dijo Arias Ramírez.

Para el cabildo gobernador es indudable que la resolución del Ministerio de Ambiente tiene un alcance de gran relevancia en la protección del medio ambiente, una tarea que los pueblos indígenas han asumido de manera ancestral.

“Este acuerdo viene del Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia de la Vida, y que ha sido un proceso concertado por los cuatro pueblos, cabeza del Ministerio de Ambiente, y que bueno, gracias a este importante paso se logra expedir esta resolución que protege esta reserva de la Tierra Nevada y que en efecto también tiene un ejercicio de buscar que esto sea de manera permanente y que sabemos va a generar un impacto positivo en materia de protección del agua, de la biodiversidad”, comentó el gobernador indígena.

Mientras que el abogado especialista Luis Carlos Ramírez aseguró que esta resolución contiene los mismos errores que el Decreto 1500 que Juan Manuel Santos firmó cuando era presidente en 2018, con el cual amplió de 54 a 348 los sitios sagrados de los indígenas, y que fue tumbado por el Consejo de Estado recientemente.

“El primero es que en la capacidad que tiene el Ejecutivo de reglamentar se exceden los límites de la potestad reglamentaria en la regulación del territorio ancestral. Aquí nadie niega la importancia simbológica de protección, etcétera, que tiene esa noción de línea negra. Lo que ocurre es que el artículo 150 señala muy claramente que las competencias de reglamento del territorio tienen reserva de ley estatutaria. Esto significa que es el Congreso de la República el que hace definiciones y el gobierno sólo hace reglamentación”, expresó.

Los alcances de la resolución, según Ramírez, obedecen a una decisión que se acerca más a lo político, a lo coyuntural, que a un verdadero esfuerzo por alcanzar las metas que supone.

“Lo segundo es que eso tiene un impacto en el ordenamiento territorial y sobre todo en la gestión ambiental. Es decir, definir una línea sagrada a partir de la cual tiene que hacerse consulta previa, permisos del nivel nacional, coordinaciones con el nivel territorial, está diciendo al mismo tiempo que afecta el ordenamiento en punto a otras leyes y a otros deberes”, agregó Ramírez.

Finalmente, afirmó el abogado que esta resolución también tendrá problemas de consulta previa, pues no solo beneficia a los 4 pueblos de la Sierra Nevada, sino que afecta a otras etnias que viven en el territorio.

“Lo tercero es el tema de la seguridad jurídica y en el marco de la consulta previa para producir, digamos, actos administrativos de carácter general, porque esto es un reglamento vía resolución. Entonces, no estoy seguro de que se haya agotado toda la consulta previa frente a comunidades étnicas distintas de los pueblos indígenas originarios”, concluyó.

La resolución, cuya vigencia es de dos años, afecta parcialmente tres departamentos: Magdalena, Cesar y La Guajira, e involucra quince municipios. En este territorio se ordena mediante la resolución proteger la integridad ecológica, climática, hídrica y biocultural del macizo mientras se diseña una figura definitiva de conservación.