Gobierno Petro formaliza iniciativa para Asamblea Nacional Constituyente

Bogotá.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro dio un paso decisivo al inscribir, el pasado 26 de diciembre, un comité promotor ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para recolectar firmas y avanzar en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La iniciativa, respaldada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, busca superar el "bloqueo institucional" que, según el Ejecutivo, ha impedido la aprobación de reformas clave en salud, pensiones, laboral y tributaria durante el mandato.

La propuesta consiste en una asamblea de duración limitada —aproximadamente tres meses— que debatiría reformas profundas a la Constitución de 1991, sin coincidir con el calendario electoral de 2026. Entre los cambios planteados figuran la creación de un Tribunal Constitucional Autónomo en reemplazo de la actual Corte Constitucional, reducir la autonomía del Banco de la República, priorizar el agua como derecho fundamental, fortalecer el ordenamiento territorial con mayor autonomía regional y actualizar el modelo económico. Petro ha enfatizado que el proceso inicia con la recolección de firmas (meta de al menos tres millones, idealmente diez), para luego presentar el proyecto al nuevo Congreso después del 20 de julio de 2026, evitando interferencias electorales.

La medida ha generado un rechazo unificado en la oposición, que la califica como una estrategia para distraer del balance gubernamental y hacer campaña indirecta. Figuras como Alejandro Gaviria la tildaron de intento por "disponer de recursos públicos para las elecciones", mientras Efraín Cepeda la llamó "cortina de humo" y "engaño". La coalición Gran Consulta por Colombia, que agrupa precandidatos de centro y derecha, emitió un comunicado rechazando la iniciativa como "innecesaria" y "oportunista", defendiendo la Constitución de 1991 y advirtiendo que "Colombia no necesita un dictador ni refundaciones".

Senadores como Paloma Valencia (Centro Democrático) y María Fernanda Cabal criticaron la polarización y recordaron promesas previas de Petro contra una constituyente, mientras Humberto de la Calle admitió la necesidad de reformas en justicia y territorio, pero rechazó el timing electoral. Analistas ven riesgos para la estabilidad institucional, aunque el oficialismo insiste en su carácter ciudadano.