General Erick Rodríguez, ¿existe el 'voto fusil' en Colombia?: el precio de señalar lo que incomoda

Bogotá.

En un país donde la democracia sigue disputándose no solo en las urnas sino en los territorios donde el Estado es débil o ausente, la voz de un general de alto rango que alerta sobre coerción armada debería ser recibida con investigaciones, no con el silencio administrativo. Sin embargo, el Mayor General Erick Rodríguez Aparicio, subjefe de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares y responsable del Plan Democracia, fue apartado de sus funciones tras denunciar que estructuras de las disidencias de las FARC ejercían presión sobre comunidades rurales para inclinar el voto hacia un candidato. Lo que debería ser un debate sobre la integridad electoral se ha convertido, una vez más, en una disputa sobre quién tiene derecho a hablar.

El General Erick Rodríguez Aparicio lo dijo sin rodeos:
Las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Mordisco y Calarcá, estarían carnetizando y presionando a comunidades rurales en Meta y Guaviare para obligarlas a votar por un candidato.

Por estas declaraciones,… pic.twitter.com/WMWYGYB5Dg

— Radio Guatapurí (@RadioGuatapuri) June 7, 2026

Las declaraciones del general se produjeron el 17 de mayo de 2026, durante un consejo de seguridad en la Gobernación del Meta, en presencia de la mandataria Rafaela Cortés. Rodríguez identificó a las estructuras comandadas por alias Iván Mordisco (Estado Mayor Central) y alias Calarcá (Estado Mayor de Bloques y Frentes) como responsables de procesos de “carnetización forzada” en zonas rurales de Meta y Guaviare. Según el oficial, estos grupos emitían carnés ilegales para controlar a la población civil y, en el marco de su disputa territorial, condicionaban el voto de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. La gobernadora complementó la denuncia: lo que comenzó como control social derivó en panfletos y exigencias directas que amenazaban las consecuencias de no acatar la preferencia por Cepeda.

¿Coincide lo dicho por el general con el resultado electoral? Cruzamos los datos y esto encontramos

Paralelamente, un análisis de los resultados electorales reveló que Iván Cepeda obtuvo el 100 % de los votos en 218 mesas distribuidas principalmente en Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca —muchas de ellas en municipios PDET, territorios históricamente golpeados por el conflicto, con alta presencia de grupos armados, economías ilegales y debilidad institucional—.

En esas mesas, de entre 15 y 30 votantes cada una, participaron solo 15.542 personas (abstención del 80,2 %), y todos los sufragios fueron para el candidato del Pacto Histórico.

Aunque el general enfocó su alerta en Meta y Guaviare, el patrón de resultados uniformes y anómalos en “zonas rojas” controladas o disputadas por disidencias de las FARC —incluida la estructura de Mordisco— coincide en lo sustancial: donde persiste el dominio armado, el voto aparece extraordinariamente disciplinado a favor del candidato que encarna la continuidad de la política de paz total.

Reacción del Gobierno: retiren al general

La reacción del gobierno no se hizo esperar. Fuentes militares y del Ministerio de Defensa confirmaron que la Presidencia y la cartera de Defensa ordenaron el retiro del general Rodríguez por considerar que sus declaraciones constituían una intromisión política. Fue enviado inicialmente a vacaciones y el trámite de retiro avanzó hasta ser remitido a Casa de Nariño para la firma final del presidente Gustavo Petro. Aunque el ministro Pedro Sánchez habría pausado temporalmente la firma para dejar enfriar la controversia, el oficial —con más de treinta años de servicio y operaciones destacadas como la Trueno en Cauca— quedó en condición de Personal Agregado mientras se define su futuro. La oposición, encabezada por voces como Paloma Valencia, interpretó la medida como un intento de silenciar una denuncia que incomodaba al oficialismo en plena campaña.

Más preocupante que la salida del general —un costo humano e institucional que Colombia ya ha pagado en otras ocasiones— es determinar si lo que dijo es cierto. La existencia de audios en los que mandos de la estructura de Calarcá expresan apoyo explícito a Cepeda, sumada a la denuncia de la gobernadora del Meta y al patrón de 218 mesas con resultados del 100 % en territorios de influencia de las disidencias, configura un cuadro que exige investigación judicial y electoral independiente, no descalificación. Cepeda ha rechazado cualquier forma de presión y ha pedido sanciones, pero la coincidencia geográfica y política entre las zonas de control armado y los resultados extraordinarios no puede despacharse como mera casualidad o “voto disciplinado”.

En departamentos como Cesar y en regiones periféricas del país, donde la presencia de grupos armados sigue marcando la vida cotidiana y la impunidad sigue siendo la regla, estas denuncias no son abstractas. La “carnetización” y la presión sobre el sufragio representan la continuidad de prácticas que el Estado ha sido incapaz de erradicar, ahora con el agravante de que se ejercen en favor de un proyecto político que promete “paz total” mientras tolera o no logra contener a quienes la imponen con fusiles. Silenciar al mensajero no borra el mensaje; solo lo hace más urgente.

La democracia colombiana no se juega únicamente en el balotaje del 21 de junio. Se juega en la capacidad de las instituciones de investigar sin temor las denuncias que provienen de sus propios uniformados cuando alertan sobre la captura del voto por parte de actores armados. El general Rodríguez cumplió con su deber constitucional de informar sobre riesgos a la seguridad electoral. El país, en cambio, tiene pendiente cumplir con el suyo: esclarecer si en las zonas rojas se votó libremente o bajo coacción. Porque la verdad, cuando se convierte en motivo de castigo, termina revelando quién realmente teme que se sepa.