Funcionarios de Petro suspendidos y ‘renunciados’ por participar en política

Bogotá.

La Procuraduría General de la Nación ha impuesto en los últimos días suspensiones provisionales y ha abierto investigaciones contra altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en la campaña presidencial. Lo que parecía un hecho aislado se ha convertido en un patrón recurrente: servidores públicos de alto nivel que, desde sus cargos, intervienen de manera abierta en la contienda electoral, pese a la prohibición expresa que les impone la ley.

El caso más reciente es el del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, suspendido provisionalmente hasta el 21 de junio por publicaciones en redes sociales en las que pidió la renuncia del presidente y del ministro del Interior para que pudieran hacer campaña. De igual forma, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, fue suspendido por la Procuraduría tras declaraciones públicas que la entidad consideró intervención política; días después presentó su renuncia irrevocable. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, optó por otro camino: renunció directamente para sumarse de lleno a la campaña de Iván Cepeda en la segunda vuelta.

Estos tres casos no son excepciones. El ministro del Interior, Armando Benedetti, enfrenta al menos dos investigaciones disciplinarias por publicaciones y declaraciones en las que ha promovido un “frente amplio petrista” y ha cuestionado a otros candidatos. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, es investigado por un discurso pronunciado en Valledupar el día de la primera vuelta, en el que resaltó el “proyecto de transformación y cambio” liderado por el gobierno actual, interpretado por la Procuraduría como respaldo implícito a una candidatura. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también figuran en la lista de funcionarios bajo lupa por conductas similares.

La norma es clara: los servidores públicos tienen prohibido utilizar su cargo, recursos del Estado o su condición oficial para intervenir en política electoral. Esta restricción busca garantizar la imparcialidad de la administración y evitar que el poder del Estado se ponga al servicio de una opción política. Sin embargo, en esta campaña la línea entre el ejercicio del cargo y la militancia ha sido constantemente desdibujada por funcionarios de primer nivel del gobierno Petro.

El fenómeno genera varias lecturas. Por un lado, revela la dificultad del oficialismo para separar la gestión pública de la contienda electoral en un momento en que el candidato del Pacto Histórico busca remontar en la segunda vuelta. Por otro, expone la debilidad de los mecanismos de control interno del gobierno para prevenir estas conductas antes de que la Procuraduría intervenga. Cada suspensión o renuncia refuerza la percepción de que parte del aparato estatal opera con sesgo partidista.

Más allá de los nombres, el problema de fondo es institucional. Cuando embajadores, directores de entidades estratégicas y ministros participan abiertamente en la campaña —ya sea mediante renuncias estratégicas, publicaciones en redes o discursos en actos oficiales—, se erosiona la confianza en la neutralidad del Estado. La Procuraduría ha actuado con celeridad en varios casos, pero su intervención llega después de que el daño a la percepción de imparcialidad ya se ha producido.

En una democracia, la campaña se libra entre candidatos y partidos, no entre el gobierno y la oposición usando los recursos del Estado. La sucesión de suspensiones, renuncias e investigaciones por participación política durante este proceso electoral deja una pregunta incómoda: si altos funcionarios del gobierno actual han tenido que ser apartados o han renunciado para hacer campaña, ¿hasta qué punto la administración pública ha permanecido al margen de la contienda? La respuesta a esa pregunta definirá, tanto como los votos del 21 de junio, la salud institucional del país.