Río de Oro, sur del Cesar.
La ley del más fuerte se impone en el sur del Cesar. En un desafío abierto a la institucionalidad y bajo la excusa de una reclamación de tierras, un grupo de campesinos mantiene bajo secuestro a dos tecnólogos de la multinacional Confipetrol en el corregimiento de Morrison, jurisdicción de Río de Oro. La noticia, que estalló este martes 3 de febrero, ha escalado a niveles de ignominia humanitaria, pues los captores han bloqueado incluso el ingreso de alimentos para los retenidos.
Un secuestro disfrazado de "reivindicación"
Los funcionarios, cuya labor se centra en la operación y mantenimiento de activos minero-energéticos, fueron interceptados mientras cumplían sus tareas legales en el predio La Pola. Este terreno no es ajeno al caos: desde agosto de 2024 ha sido epicentro de invasiones y enfrentamientos, convirtiéndose en una "zona de nadie" donde la propiedad privada es un concepto inexistente para quienes hoy recurren al rapto como mecanismo de presión.
La situación es crítica. Según denuncias conocidas desde el Puesto de Comando Unificado (PMU), los secuestrados permanecen en condiciones precarias. "Es un acto criminal que viola frontalmente los derechos humanos", sentenció el Secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, quien lidera la respuesta regional ante la parálisis del nivel central.
A pesar de la gravedad del hecho, el departamento del Cesar parece estar solo en esta lucha. La administración departamental ha enviado un ultimátum a las carteras nacionales, exigiendo que dejen de ver la problemática desde los escritorios en Bogotá.
Este nuevo ataque contra empleados de Confipetrol no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una problemática estructural de invasiones que las autoridades nacionales han permitido madurar.