Valledupar.
En Radio Guatapurí, el abogado Alex Alberto Fernández denunció presuntas irregularidades alrededor del predio La Constancia, ubicado en el municipio de El Copey, actualmente con medida cautelar y administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El jurista explicó que representa a la constructora CBC, que adquirió el inmueble en 2013 mediante escritura pública, aclarando que éste bien podría estar relacionado con una investigación en la cual se indicó una medida cautelar.
“Partiendo de la coherencia, mi representado ha sido víctima de la conducta de invasión, encabezado por el señor Abel Barrios, quien ha sido candidato a diversas postulaciones públicas obteniendo ningún tipo de resultados en su favor. Y no lo tiene, porque este ciudadano ha diseñado una urdimbre para invadir predios en la región y en dos oportunidades han logrado desalojos mediante medidas policiales… Este ciudadano ha permanecido en el predio en compañía de Jader Villa, quien también manifiesta representar una organización campesina sin ningún tipo de títulos dentro de la actuación”, especificó.
El abogado Alex Alberto Fernández expresó que “lo más grave” es que el predio ha venido siendo utilizado para proselitismo político, al ser visitado por candidatos a corporaciones públicas, ofreciendo el terreno como una contraprestación a la actividad proselitista, cuestionando, existiendo una conducta de “fraude al sufragante”.
De igual manera, aclaró que su representado, en el 2013, mediante escritura pública, recibe el predio del señor Fredy Zapata, quien “no tiene ninguna relación con ningún alto del narcotráfico y tampoco con el exgobernador Molina Araújo. “Han aprovechado tratando de confundir con el depositario del predio Augusto Molina Araújo”, declaró.
Aclaró el abogado: “El acto es tan doloso que mi representado solo tuvo en posesión el predio durante un año, en el 2014. Se le coloca en conocimiento a través de terceras personas y éste se dirige a la Fiscalía General de la Nación a fin de saber qué sucedió con su bien y se le informa que el bien fue relacionado en un listado de una persona”.
En consecuencia, el abogado informó que se ha solicitado a la Fiscalía la devolución inmediata del bien por ser un tercero de buena fe calificada, exento de culpa.
“Es importante indicar que la primera decisión de la Fiscalía General de la Nación en el 2015 fue entregar el bien a mi representado… Esta es la tercera oportunidad que ha sido invadido y debe enterarse el presidente de la República... En el 2023 el señor Abel Barrios ha diseñado todo tipo de urdimbre sistemática para invadir el predio… lo están dividiendo y vendiéndolo por valor de $4.000.000 por hectáreas, las que corresponden a un propietario privado”, aclaró que esa oportunidad se logró el desalojo y se le entregó al administrador de la época Molina Araújo, quien no guarda, según el abogado, ninguna relación con el exgobernador Molina Araújo y tampoco tienen ninguna relación el predio con el señor Hernández.
Las tutelas son improcedentes
“Abel Barrios es un invasor del predio La Constancia, por tal razón hemos otorgado traslado a la Fiscalía General de Nación y la Unidad Anticorrupción para que en efecto se investigue el proceder. Vamos a ser enfáticos y vehementes con el carácter público con la cual hemos actuado y si en este acto participan funcionarios que se han permitido ser instrumentalizados por la Agencia Nacional de Tierras, estarían en la conducta de prevaricado por una decisión contraria a la decisión”, acotó.
Por otra parte, indicó que se solicitó compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina y a la seccional del departamento del Cesar, calificadas como temeraria de parte de la Sociedad de Activos que la propiedad del predio.
Concluyó que para el 26 de febrero de este año está fijada la fecha para el desalojo para tener una estructura coherente y cronológica. Sin embargo, el abogado indicó que el señor Abel ha intentado interrumpir toda vez que cita en el predio a varios campesinos indicando que se les ha cedido el predio, siendo esto “inconstitucional”, pero que no existe ningún acto administrativo en que la Agencia Nacional de Tierras en que se le notifica al Alcaldía, al Personero o al representado del predio sobre dicha decisión que se será entregada a los campesinos. Indicó que continuarán con el proceso de la Fiscalía.