¿Se destapa la Farc-política en el gobierno Petro?

Bogotá.

En un revelador informe especial que sacude los cimientos del poder en Colombia, Noticias Caracol destapó archivos secretos incautados a alias Calarcá, líder de las disidencias de las FARC, que exponen una penetración alarmante de estos grupos armados en las entrañas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los documentos, chats y correos electrónicos, intervenidos en un operativo policial en Anorí, Antioquia, el pasado 23 de julio de 2024, pintan un panorama de nexos directos entre altos funcionarios y las disidencias, incluyendo señalamientos explícitos a la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022.

La financiación de la campaña presidencial

Los hechos, confirmados por fuentes internas de las propias disidencias, revelan conversaciones comprometedoras donde se menciona que "todo se hizo a través de Francia Márquez", en referencia a acuerdos durante la campaña que involucraron a alias Mayimbú, mano derecha de Iván Mordisco y fallecido en una operación militar en Suárez, Cauca, el 13 de junio de 2022. Chats entre Yeison Ojeda, alias Danilo Alvizú, comandante del frente Carolina Ramírez, y Mordisco, fechados el 24 de marzo de 2024, discuten el uso de estas evidencias para presionar al gobierno, destacando la intermediación de Lisifrey Ararat, cuñado de la vicepresidenta Márquez y reconocido líder afrodescendiente en el norte del Cauca, quien facilitó reuniones con la estructura Jaime Martínez de las disidencias.

Un general y un agente de inteligencia en el centro del escándalo

La gravedad de esta infiltración se profundiza con la implicación de figuras clave en la seguridad del Estado. El general Juan Miguel Huertas, exdirector del Comando de Personal del Ejército Nacional y asesor en el Ministerio de Defensa, inteligencia militar y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aparece en cartas y comunicaciones proponiendo la creación de una empresa de seguridad compartida "mitad y mitad" entre disidencias y funcionarios.

Esta estructura, que evoca las fachadas paramilitares de los años 90, incluiría permisos para que líderes sociales circularan armados con pistolas y fusiles, a cambio de filtraciones de información clasificada militar para evadir operativos en regiones como Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar. Huertas, quien ingresó a la campaña de Petro tras su retiro en 2022, acordó pactos de no agresión, compartió contactos de bases militares, policía y batallones, e incluso facilitó vehículos para movimientos en 2023. Su motivación, según los archivos, incluía una venganza personal contra el general Eduardo Zapateiro.

No menos alarmante es el rol de Wílmer Mejía, alto funcionario de la DNI apodado "El Chulo", descrito como un "tejedor de puentes" con acceso privilegiado a hojas de vida de oficiales para influir en traslados, ascensos y retiros. Mejía participó en reuniones con Huertas y Calarcá para blindar operaciones disidentes, incluyendo viajes a Venezuela para investigar la muerte de un guerrillero y propuestas de inversión en minería ilegal con un empresario chino, Xi Xin Xang, para compras de armamento.

Infiltración en Fiscalía, Ejército y Policía

Estos nexos, que se extienden a infiltraciones en la Fiscalía, el Ejército y la Policía, demuestran un grado de penetración que compromete la soberanía del Estado y pone en jaque la credibilidad de la "paz total" prometida por el gobierno.

A pesar de que la Fiscalía General de la Nación tiene en su poder más de 100 dispositivos electrónicos con esta evidencia desde hace más de un año, no se ha avanzado en ninguna investigación formal. Peor aún, alias Calarcá y otros jefes disidentes como Ramiro y Urias fueron liberados por orden de la fiscal general Luz Adriana Camargo, bajo el argumento de que actuaban como "gestores de paz", pese a ser capturados en flagrancia con armas, dinero y un menor de edad.

Esta impunidad agrava la percepción de un Estado permeable a las presiones de grupos armados que financiaron, según los chats, la llegada de Petro al poder.

El paralelo histórico que duele: de la parapolítica a la Farc-política

Este escándalo evoca un paralelo inquietante con la "parapolítica" que el propio Gustavo Petro destapó como congresista del Polo Democrático en 2006 y 2007. Entonces, con expedientes judiciales, grabaciones y documentos en mano, Petro expuso los pactos entre paramilitares y decenas de congresistas, gobernadores y alcaldes, acusando a figuras como Salvador Arana y Álvaro García de ser elegidos con el apoyo de estructuras criminales como las de Salvatore Mancuso.

Aquella denuncia, que sacudió la institucionalidad y llevó a condenas por crímenes de lesa humanidad, posicionó a Petro como un azote de la corrupción infiltrada en el poder. Hoy, irónicamente, un nuevo y grave episodio de nexos entre disidencias de las FARC y altos funcionarios de su gobierno —bautizado ya como "Farc-política"— salpica directamente a su administración, cuestionando si las lecciones de aquella denuncia se aplican ahora con la misma firmeza.