Estudiantes de la UPC denuncian presunta concusión por parte de patrulleros en Valledupar

Valledupar.

Dos estudiantes de la Universidad Popular del Cesar (UPC), uno de ellos menor de edad (17 años), presentaron una denuncia pública ante este medio contra dos patrulleros de la Policía Nacional, acusados de presunta concusión –delito previsto en el artículo 404 del Código Penal colombiano, que sanciona el abuso de cargo público para exigir dádivas indebidas–.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos, ocurridos la noche del 1 de septiembre, involucran una exigencia de dinero a cambio de no inmovilizar una motocicleta por infracción al decreto local de parrillero hombre. La denuncia se basa en testimonios directos, incluyendo una entrevista en Radio Guatapurí y relatos de familiares, y ha motivado el inicio de una investigación interna por parte de la institución policial.

Los eventos se iniciaron en la tarde-noche del 1 de septiembre de 2025, cuando los estudiantes, matriculados en la carrera de Licenciatura en Matemáticas, se encontraban en la sede Sabanas de la UPC preparando una exposición académica. Ante una fuerte lluvia que impedía el transporte habitual, el estudiante mayor de edad ofreció llevar al menor hasta su residencia en su motocicleta, dado que vivían cerca. Ambos vestían uniformes universitarios y portaban carnés de identificación institucional.

Parados sin retén

Aproximadamente a las 8:00 p.m., mientras transitaban por la Avenida 44 de Valledupar, los jóvenes fueron interceptados abruptamente por dos patrulleros sin que existiera un retén formal o punto de control. Los agentes activaron la sirena después de que la motocicleta cruzara un semáforo y procedieron a requisar el vehículo, verificando que los documentos de la moto estaban en regla. Sin embargo, no solicitaron documentos personales a los ocupantes ni se identificaron adecuadamente, ocultando sus nombres bajo chalecos reflectantes, y justificaron la detención en el decreto restrictivo de parrillero hombre.

"Hay que pagar una ponchera de $100.000"

Inmediatamente después, los patrulleros exigieron 100.000 pesos para evitar la inmovilización del vehículo y un comparendo, proponiendo una "solución" informal aludiendo a prácticas como "pagar una ponchera". Restringieron inicialmente la comunicación con familiares, generando nerviosismo en los estudiantes, aunque el menor logró enviar su ubicación a su madre. Ante la falta de fondos, contactaron a la progenitora del adolescente, quien transfirió 25.000 pesos a la cuenta del joven vía aplicación digital (Nequi), destinados originalmente a pasajes.

Uno de los agentes arrebató el celular del menor y realizó la transferencia de los 25.000 pesos a las 8:21 p.m. hacia el número 350 757 54 20, registrado a nombre de Rosa Beatriz Beltrán Sáenz.

Tras la operación, advirtieron a los estudiantes que se marcharan inmediatamente bajo amenaza de detención o traslado, permitiéndoles continuar sin formular infracción alguna.

La institución policial inició un proceso de investigación disciplinaria interna para verificar los hechos, identificar a los implicados –posiblemente mediante cámaras de seguridad en el sector– y determinar responsabilidades, con potencial remisión a la Fiscalía si se confirma el abuso de autoridad. Hasta la fecha, no se reportan avances públicos, pero las autoridades reiteran su rechazo a la corrupción interna.