El estallido social no fue espontáneo: la justicia desmonta el mito

Un reciente y contundente fallo del Tribunal Superior de Bogotá ha dado un giro radical a la narrativa sobre los disturbios ocurridos en la capital durante el denominado "estallido social": la Sala de Decisión Penal concluyó que los actos de terrorismo y vandalismo que paralizaron a la capital no fueron el resultado de una protesta social espontanea, sino el fruto de una participación probada y coordinada entre células urbanas y grupos armados al margen de la ley.

La providencia, bajo la ponencia del magistrado Jaime Andrés Velasco Muñoz, reveló que varios jóvenes procesados no solo mantuvieron contactos constantes con miembros del Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez de las Farc, sino que operaron bajo sus directrices directas, recibiendo instrucciones específicas para reclutar personal, adoctrinar jóvenes e infiltrar universidades públicas y privadas con el objetivo de ejecutar acciones violentas de manera simultánea. Ante la gravedad de los hechos, la justicia impuso sanciones severas: tres de los principales acusados fueron sentenciados a 19 años de prisión por terrorismo y concierto para delinquir, mientras que una cuarta persona recibió una pena de 10 años, además de multas que superan los 1.000 millones de pesos.

Este fallo derrumba como un castillo de naipes la narrativa que un sector de la izquierda colombiana construyó con cuidado artesanal durante años: la del estallido como expresión pura, espontánea e irreductible del pueblo indignado. La Sala Penal determinó que parte de los disturbios que afectaron a Bogotá no obedecieron exclusivamente a manifestaciones espontáneas, pues existió una estructura organizada detrás de varios episodios de violencia que golpearon la movilidad, el comercio y la seguridad en distintos puntos de la ciudad. La protesta legítima fue, en buena parte, la pantalla perfecta detrás de la cual operaba una maquinaria criminal con mandos, jerarquías y financiamiento guerrillero. Llamar a eso "rebeldía popular" es como llamar incendio accidental al que alguien provoca con gasolina.

Resulta también revelador el contraste que ofrece la historia reciente. Si en 2021 el florero de Llorente que encendió la llama fue la propuesta de reforma tributaria del ministro Carrasquilla —una medida discutible, sin duda, pero de naturaleza técnica—, el gobierno de Petro ha acumulado escándalos de dimensiones mucho mayores sin que las calles ardan de la misma manera: el monumental escándalo de corrupción de la UNGRD, dos proyectos de reforma tributaria que el propio Congreso rechazó por inviables, y una crisis del sistema de salud que deja a millones de colombianos sin atención médica oportuna. Si la indignación popular fuera el combustible real de aquel estallido, el tanque debería estar desbordado hoy. El silencio ensordecedor de esa "espontaneidad" lo explica todo.

La estructura criminal usó plataformas de mensajería instantánea para planear movimientos, distribuir tareas y activar acciones simultáneas en sectores estratégicos de Bogotá, con grupos de WhatsApp identificados con nombres asociados a corredores clave de la ciudad como "Américas", "Carrera Séptima", "Autonorte", "Autosur" y "Caracas". El fallo es enfático al señalar que estas conductas excedieron cualquier ejercicio legítimo del derecho a la protesta o la libre expresión, convirtiéndose en una estrategia de guerra urbana financiada y avalada por cabecillas de las disidencias, entre ellos los alias Mordisco y Gentil Duarte. Ante pruebas de esta contundencia, no estamos ante una zona gris de interpretación política: estamos ante terrorismo en estado puro, ante el reclutamiento y adoctrinamiento sistemático de jóvenes colombianos como carne de cañón de un proyecto armado. Llamarlo de otra manera no es ejercer la disidencia intelectual; es ser cómplice del encubrimiento.

El presidente Petro respondió al fallo defendiendo la protesta social y rechazando que el estallido sea terrorismo. Afirmó que la protesta de los jóvenes en 2021 fue legal y no un acto criminal, y sostuvo que los verdaderos terroristas son quienes mataron a los jóvenes y les sacaron los ojos. Es una respuesta que mezcla con habilidad la verdad con la evasión: nadie niega que hubo abusos de la fuerza pública que merecen toda la condena, ni que el derecho a protestar es sagrado en una democracia. Pero ese argumento, tan emotivo como calculado, es una cortina de humo. El fallo no condena la protesta; condena a quienes la infiltraron, la armaron y la convirtieron en instrumento terrorista. Confundir a las víctimas con los victimarios, o a los manifestantes honestos con las células guerrilleras que los usaron, no es defender derechos: es proteger a los responsables.

Un presidente que, en lugar de reconocer la gravedad de lo que revela una sentencia judicial emanada de un tribunal de la República, responde con retórica de barricada y se niega a distinguir entre protesta legítima y terrorismo organizado, no está defendiendo la democracia: está eligiendo un bando. Y ese bando, como lo acaba de establecer la justicia con nombre, apellido y pruebas, no es el del pueblo colombiano.